En el antiguo autocine de Durban, reconvertido en campamento improvisado, el silencio pesa más que el calor. Cientos de hombres se sientan en fila, apretados, avanzando centímetros cada hora. En el suelo, entre ropa, platos de cartón y pañales, alguien ha perdido —o ha tirado— la copia de un permiso de residencia. Afuera, las carpas blancas se asemejan, desde lejos, al techo del estadio que albergó el Mundial de 2010, cuando Sudáfrica celebraba su cultura de bienvenida. Hoy, el país se prepara para el 30 de junio, fecha límite que grupos como March and March han impuesto a los extranjeros indocumentados para que abandonen el territorio.

Ebrahim Moosa, de 37 años, hace cola junto a su esposa, con un bebé a la espalda, con la esperanza de subir a uno de los autobuses fletados por el gobierno de Malaui. «Tenemos miedo, nunca sabes qué planea la gente hacerte», dice. No muy lejos, Leanne Sefu, una solicitante de asilo congoleña de 25 años que llegó a Sudáfrica a los tres, acampa frente a una oficina de Asuntos Internos tras ser atacada en el salón de manicura donde trabajaba. «Todo el mundo sabe que hay guerra en el Congo; volver sería como regresar a la muerte», explica. Más de 15.000 malauíes han sido procesados para repatriación, según la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, y otros miles esperan en condiciones que la propia ministra califica de «insostenibles». Zimbabue, Mozambique, Ghana, Nigeria, Kenia y la República Democrática del Congo también han organizado retornos voluntarios.

La crisis desnuda una paradoja que recorre el continente. Las fronteras que hoy se esgrimen para expulsar al vecino fueron trazadas por potencias coloniales para servir a intereses administrativos y extractivos, recuerdan analistas de África occidental. Antes de esas líneas, los africanos se movían, comerciaban y convivían en territorios definidos por la cultura y el comercio. Esa memoria histórica es invocada ahora por voces como la de Mcebisi Jonas, presidente del grupo MTN y ex viceministro de Finanzas sudafricano, quien durante el funeral de un activista zimbabuense lanzó una de las condenas más directas desde el sector privado: «Los extranjeros pueden irse mañana; la desigualdad se quedará con nosotros. El problema es el fracaso del Estado». Jonas atribuyó el auge de la xenofobia a la manipulación política de identidades tribales que, afirmó, son «un producto de los poderes coloniales».

Mientras el presidente Cyril Ramaphosa asegura que las fuerzas de seguridad están listas y la policía promete un despliegue masivo, el temor a una repetición de los disturbios de 2008 —que dejaron 62 muertos— se extiende entre la población migrante y las empresas que planean cerrar sus oficinas el día 30. En el campamento de Pietermaritzburg, unos 1.500 malauíes se hacinan entre basura y valijas; el agua que beben no es potable, pero no hay alternativa. De vuelta en el Drive-In de Durban, un grupo de hombres hurga con palos entre los objetos abandonados en busca de algo aprovechable. La copia del permiso de residencia sigue en el suelo, pisoteada, como un espejo roto de la promesa de integración africana.