Shara Vickers, residente de Sydney Mines, Nueva Escocia, descubrió un día que su representante en la asamblea legislativa provincial la había bloqueado en Facebook. Había criticado el tono desdeñoso con que el político respondía a las inquietudes de sus electores. El portazo digital, trivial para ella, le reveló una paradoja: en un momento en que varios gobiernos discuten prohibir el acceso de los menores a las redes sociales, esas mismas plataformas son para muchos ciudadanos la única ventana a la información y al debate público. “Me hizo pensar en cómo las prohibiciones podrían afectar la capacidad de los jóvenes para convertirse en ciudadanos informados y comprometidos”, escribió Vickers en un artículo de opinión.

La anécdota canadiense coincide con una cascada de iniciativas legislativas en distintos continentes. Omán lanzó una consulta pública sobre un proyecto que impediría el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Los Emiratos Árabes Unidos ya fijaron los 15 como edad mínima de acceso, en un giro que, según analistas de la región, traslada el eje de la “regulación del uso” a la “redefinición de las condiciones de entrada al mundo digital”. El Reino Unido anunció una prohibición similar para los menores de 16, mientras que en Estados Unidos un comité bipartidista de la Cámara de Representantes alcanzó un acuerdo para reforzar la protección de los niños en las plataformas, aunque sin incluir la cláusula de “deber de cuidado” que obligaría a las empresas a diseñar entornos más seguros desde la base.

Sin embargo, desde el mundo árabe, voces como la del investigador Mohamed Najm advierten que el debate no debería limitarse a la edad de acceso. En un análisis publicado en Beirut, Najm compara las plataformas con los automóviles: ante los accidentes de tráfico, la sociedad no prohibió los coches, sino que construyó un sistema de seguridad integral. La diferencia, subraya, es que las redes sociales basan su modelo de negocio en maximizar la atención, con diseños como el desplazamiento infinito o las notificaciones constantes que explotan vulnerabilidades psicológicas. Mientras tanto, en América Latina, el foco de alarma se ha desplazado hacia las apuestas en línea. Un informe nacional argentino de 2024 reveló que cuatro de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años habían apostado recientemente, y un 30% experimentó ansiedad al no poder hacerlo. La escena del adolescente encerrado en su habitación, transfiriendo dinero digital con un clic, describe una adicción sin olor ni signos físicos evidentes, pero con consecuencias económicas y emocionales profundas.

En Europa, el Reino Unido añadió otra capa al debate: estudia obligar a las plataformas a priorizar fuentes de noticias consideradas fiables, como la BBC, para combatir la desinformación. La medida, que sigue a la prohibición por edad, busca aumentar la visibilidad de los medios de servicio público en un ecosistema donde, según el regulador Ofcom, la mayoría de los adultos y tres cuartas partes de los jóvenes de 16 a 24 años se informan principalmente por redes sociales. Sin embargo, cualquier intervención sobre la jerarquización de contenidos genera resistencias: las empresas tecnológicas argumentan que esas reglas podrían anular la elección del usuario y perjudicar a otros creadores. La experiencia de Vickers en Canadá ilustra precisamente esa tensión: la misma herramienta que sirve para sortear a los medios tradicionales y conectar directamente con los representantes puede convertirse en un muro cuando el político decide silenciar las voces críticas.

En el centro de todas estas discusiones emerge una pregunta que trasciende las prohibiciones: por qué las plataformas están diseñadas para hacer tan difícil desconectarse. Los estudios sobre salud cerebral infantil en Escocia muestran que solo el 20% de los adolescentes cumple la recomendación de un máximo de dos horas diarias de pantalla, y que el tiempo excesivo desplaza el sueño y la actividad física. Desde Beirut, Najm insiste en que el objetivo no es criar a una generación aislada de la tecnología, sino una capaz de usarla con seguridad, conciencia y autonomía, dentro de un entorno digital más justo. La imagen final no es la de un niño sin acceso, sino la de un adolescente que, en la penumbra de su cuarto, pulsa una y otra vez la pantalla mientras el algoritmo, silencioso, aprende a retenerlo un minuto más.