El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos designaron el martes a cinco entidades cubanas y a una persona física en una nueva ampliación de las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump en mayo de 2026. Las medidas afectan a tres empresas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias: Almacenes Universales S.A., responsable de la logística, el almacenamiento y el tráfico de contenedores en el puerto de Mariel; Rafin S.A., que presta servicios financieros al grupo; y Banco Financiero Internacional, la principal entidad bancaria para transacciones en divisas con compañías extranjeras. También fueron sancionadas la estatal GeoMinera, que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión extranjera, y la siderúrgica José Martí, mayor productora de acero bruto de la isla. La sanción individual recayó sobre Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín —hijo del expresidente Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia—, quien ya había sido incluido en las listas negras a principios de junio junto al actual mandatario Miguel Díaz-Canel.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio justificó las designaciones afirmando que GAESA opera como “el músculo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano” y que las entidades sancionadas “mueven dinero en nombre del régimen” o generan ingresos mediante la explotación de reservas minerales. Rubio advirtió que cualquier banco extranjero o empresa que proporcione servicios a estos actores “corre el riesgo de ser sancionada” y debe congelar esas actividades de inmediato. En contraste, desde La Habana el canciller Bruno Rodríguez calificó las medidas de “crimen” y “castigo colectivo”, y sostuvo que Cuba ha demostrado ser “más fuerte, capaz y eficaz” de lo que Washington anticipaba. Analistas en Miami señalaron que golpear a Almacenes Universales puede interrumpir el flujo de importaciones —incluidas las de bienes humanitarios— y que la inclusión del Banco Financiero Internacional arroja “más agua fría” sobre los inversores extranjeros que aún operan en la isla.

Las sanciones impactan nodos críticos de la economía cubana en un momento de aguda crisis energética y escasez de alimentos, combustible y medicinas. La designación de GeoMinera afecta empresas conjuntas con firmas como Trafigura —que suspendió envíos a China a principios de mes— y la australiana Antilles Gold, y según analistas en Asia introduce un factor de fricción en las cadenas de suministro de minerales críticos, sector en el que Washington busca reducir la dependencia de rivales geopolíticos. En paralelo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que su país quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba por vías comerciales y con empresas privadas, lo que supondría un desafío a la política de presión estadounidense, que ya había prohibido las transacciones con petróleo ruso, iraní o venezolano con destino a la isla.

La ronda de sanciones se suma al paquete de principios de junio, que ya había golpeado a los ministerios de Defensa e Interior, los Comités de Defensa de la Revolución y la agencia de viajes Amistur Cuba, y se produce días después de que La Habana anunciara 176 reformas económicas para ampliar la empresa privada y atraer inversión. Analistas en América Latina consideran que las nuevas designaciones disuadirán aún más al capital extranjero, mientras el gobierno cubano denuncia un “cerco” que atribuye al secretario Rubio. El expediente sancionador sigue abierto: las entidades financieras y comerciales de terceros países quedan expuestas a sanciones secundarias, y la iniciativa petrolera mexicana está pendiente de concreción.