
Senegal y RDC impulsan reformas constitucionales en medio de crecientes tensiones políticas
Las asambleas de ambos países avanzan en cambios que reconfiguran el equilibrio de poderes, mientras las protestas y las divisiones internas marcan el debate.
El Parlamento senegalés aprobó este lunes una reforma constitucional que amplía las facultades de la Asamblea Nacional y recorta las del presidente, en una sesión marcada por la expulsión forzosa de un diputado opositor y protestas dispersadas con gases lacrimógenos. Según reportes de la BBC, la votación obtuvo una mayoría abrumadora impulsada por el partido Pastef, que controla 130 de los 165 escaños. El legislador Abdou Mbow fue desalojado por la seguridad tras calificar de “fascistas” a los diputados oficialistas, en un episodio que refleja la división política en el país.
La iniciativa, promovida por el presidente de la Asamblea, Ousmane Sonko, refuerza la supervisión parlamentaria, obliga al Ejecutivo a revelar acuerdos sobre recursos naturales y prohíbe que un presidente en ejercicio lidere un partido. Desde la mayoría legislativa se argumenta que las medidas fortalecen la separación de poderes. La oposición y organizaciones civiles, en cambio, denuncian una venganza política de Sonko contra el presidente Bassirou Diomaye Faye, su antiguo aliado. La alianza se rompió en mayo, cuando Faye destituyó a Sonko como primer ministro; desde entonces, Sonko controla el legislativo y ha puesto en duda la facultad presidencial de convocar un referéndum, pese a que el ministro de Justicia anunció esa vía.
De forma paralela, en la República Democrática del Congo (RDC) el Senado adoptó un proyecto de revisión constitucional que, según un análisis del medio nigeriano Premium Times, permitiría reiniciar el cómputo de los mandatos y allanar un tercer período para el presidente Félix Tshisekedi. La Constitución prohíbe modificar los límites de mandato, pero el texto habilita un referéndum para una nueva carta magna. Tshisekedi ha condicionado las elecciones de 2028 a la resolución del conflicto en el este y se ha mostrado abierto a un tercer mandato “si el pueblo lo desea”. La Conferencia Episcopal y la oposición califican el proceso de “golpe constitucional”, aunque carecen de peso institucional para frenarlo ante el dominio oficialista en el Parlamento.
Analistas citados por Premium Times advierten que la reforma podría agravar la fragilidad estatal: apenas el 12 % de la población confía en los procesos electorales, y la prolongación del mandato bajo el argumento de la seguridad corre el riesgo de debilitar instituciones ya erosionadas por la corrupción y la violencia en el este. Mientras Kinshasa internacionaliza el conflicto con el M23 y señala a Ruanda como agresor externo, la revisión constitucional añade inestabilidad política interna. En Senegal, el Gobierno anunció que someterá las reformas a referéndum sin fecha definida, mientras el pulso entre la presidencia y el legislativo mantiene la incertidumbre. En la RDC, el proyecto avanza con celeridad y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos hacia la consulta popular. Las felicitaciones diplomáticas de Emiratos Árabes Unidos y Marruecos a Tshisekedi por el Día de la Independencia, reportadas por Al Ittihad y La Vie éco, subrayan la continuidad de los vínculos exteriores pese a las turbulencias domésticas.
| Prensa africana subsahariana | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| Prensa atlántica / anglosfera | 0.00 | neutral |
Sub-Saharan Africa watches with realism: Senegal corrects an imbalance, Congo risks breaking democratic equilibrium. The narrative relies on regional precedents and institutional fragility.
Plausibility is built by anchoring both events to a regional framework of democratization and risk of backsliding, using similar examples already familiar to African audiences.
International pressures or the role of external powers in both processes are not mentioned.
The West evaluates both cases with a universal yardstick: Senegal follows the rules, Congo breaks them. The narrative assumes liberal democratic principles as the natural benchmark.
Western democratic criteria are universalized, presented as an objective standard, and both countries are judged by their compliance.
Historical specificities or local reasons that might justify a third term in Congo are not explored.
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