El Ministerio del Interior del Reino Unido anunció el viernes la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) en la lista de entidades consideradas una amenaza para la seguridad nacional bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional (Amenazas Estatales) de 2026. A partir de esta designación, apoyar, asistir o recibir beneficios materiales del IRGC constituye un delito en territorio británico, sancionable con hasta 14 años de prisión; los actos de sabotaje cometidos en nombre del grupo podrán acarrear cadena perpetua. La misma clasificación se aplicó al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha, vinculado a Irán, y al Cuerpo de Voluntarios del GRU ruso.

Desde la óptica del Gobierno británico, la decisión responde a una escalada de actividades hostiles atribuidas a agentes estatales extranjeros. El primer ministro saliente, Keir Starmer, había adelantado que no permitiría que el país se convirtiera en un “patio de recreo” para operaciones de intimidación y desestabilización. El Ministerio del Interior citó incidentes de seguridad contra la comunidad judía y el apuñalamiento en 2024 del periodista irano-británico Pouria Zeraati —quien calificó la designación como un paso decisivo para atajar la raíz de la amenaza— como parte del contexto que aceleró la medida. La legislación otorga a los servicios de seguridad mayores facultades para investigar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera sin necesidad de probar en cada caso el vínculo con un Estado concreto.

Teherán reaccionó con una condena categórica. La Cancillería iraní calificó la designación de “injustificada, irresponsable y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional”, en particular a la igualdad soberana de los Estados y la no intervención. El embajador británico en Irán, Hugo Shorter, fue convocado para recibir una protesta formal. El Ministerio de Exteriores iraní subrayó que el IRGC es parte indisociable de las fuerzas armadas oficiales del país y recordó que se reserva el derecho a adoptar medidas recíprocas, haciendo recaer sobre Londres la responsabilidad por las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas.

Jurídicamente, la designación no equivale a la proscripción del IRGC como organización terrorista bajo la ley antiterrorista de 2000, una demanda que sectores de la oposición iraní en el exilio y algunos parlamentarios británicos habían reclamado durante años. Sin embargo, el nuevo mecanismo, aprobado de forma acelerada por el Parlamento saliente, crea un régimen paralelo que asimila las consecuencias penales. La medida se suma al registro previo del IRGC en el nivel más alto del Programa de Registro de Influencia Extranjera (FIRS), que ya imponía restricciones a sus actividades en el Reino Unido. La ley entró en vigor el mismo viernes, mientras Teherán advierte de una respuesta recíproca y el dossier queda abierto a una posible escalada de tensiones bilaterales.