Una ola de regulaciones para limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales avanza simultáneamente en América Latina, el Sudeste Asiático y la península arábiga. En los Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Ministros aprobó una decisión que restringe el ingreso a redes sociales a menores de 15 años y exige a las plataformas mecanismos fiables de verificación de edad. En Indonesia, el Gobierno implementa el Reglamento PP TUNAS, que obliga a las empresas a reforzar la identificación de usuarios y a bloquear cuentas de menores que falseen su edad. En Argentina, el Senado recibió un proyecto de ley que prohíbe el scroll infinito y la reproducción automática en perfiles infantiles, y establece que las plataformas podrán ser obligadas a indemnizar por daños psicológicos vinculados a la recomendación algorítmica de contenidos de riesgo. España, Chile y Australia discuten iniciativas similares, mientras la Unión Europea ya cuenta con normativa de referencia.

Desde la óptica de los gobiernos y los especialistas en salud, estas medidas constituyen una intervención preventiva de salud pública. La directora de Salud Mental de la Fundación de Servicios de Salud de los Emiratos, Nour Al Muhairi, sostuvo que la protección digital es parte integral de la salud infantil y que el éxito se medirá por la construcción de una cultura digital sana, no solo por la restricción del acceso. El director del Hospital Al Amal de Dubái, Ammar Al Banna, subrayó que el uso excesivo y no regulado de redes sociales en etapas tempranas se asocia con mayor riesgo de trastornos del sueño, ansiedad, depresión y exposición al ciberacoso. En la misma línea, el senador argentino Luis Juez fundamentó su proyecto en estudios que vinculan funciones como el desplazamiento infinito con el uso compulsivo de pantallas durante la adolescencia, y citó como antecedentes las legislaciones europea y australiana. El Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia, por su parte, calificó la norma como pionera en el Sudeste Asiático y señaló que Malasia prepara una política análoga.

La implementación tropieza con un obstáculo documentado: la falsificación masiva de la edad. El viceministro indonesio Nezar Patria reveló que, según encuestas oficiales, tres de cada cinco niños manipulan su fecha de nacimiento para eludir los filtros. La verificación biométrica o documental que exigen las nuevas normas —como el proyecto argentino, que establece tres niveles según la franja etaria— deberá sortear además las restricciones de protección de datos personales. En paralelo, los especialistas emiratíes y los legisladores latinoamericanos coinciden en que la eficacia de cualquier marco legal depende de la participación activa de las familias. Un estudio de VTR Consulting en Argentina mostró que el 89 % de los mayores de 60 años estuvo expuesto a intentos de fraude digital y que el 81 % desea más formación en seguridad, lo que evidencia la brecha de alfabetización digital intergeneracional que también afecta la supervisión parental.

El contexto de hiperconexión dota de urgencia a estas iniciativas. Una investigación de la firma NordVPN indica que los brasileños pasarán en promedio casi 53 años de su vida conectados a internet, y que el 82 % ya ha divulgado su nombre completo en línea. En Indonesia, la Agencia Nacional de Contraterrorismo reportó que 112 estudiantes de 26 provincias fueron expuestos a radicalización a través de redes sociales y videojuegos, con una edad media de 13 años. El proyecto argentino, que también obliga a operadoras de telefonía e internet a ofrecer líneas con filtros gratuitos para menores, aguarda tratamiento parlamentario. En España, el Congreso debate un texto que eleva la edad de consentimiento para el uso de datos personales y responsabiliza a las plataformas por el diseño algorítmico. La confluencia de estas normas perfila un nuevo estándar global de diligencia debida para las empresas tecnológicas, con sanciones que pueden alcanzar el 10 % de la facturación anual y, en casos graves, la suspensión judicial del servicio.