Un tribunal de la ciudad polaca de Sosnowiec condenó al activista ruso Ígor Rógov a siete años de prisión y a su esposa Irina a tres, tras declararlos culpables de espiar para el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia y de participar en un plan para enviar un paquete con explosivos. La sentencia, dictada en un proceso a puerta cerrada por razones de seguridad nacional, recoge que entre febrero y agosto de 2022 Rógov recabó información sobre opositores rusos residentes en Polonia y las organizaciones que los apoyan, datos que entregó a su esposa para su transmisión a oficiales de inteligencia rusos. Además, según la acusación, en julio de 2024 coordinó junto a dos ciudadanos ucranianos y otro ruso el envío de una encomienda con componentes de un artefacto explosivo, interceptada por los servicios de seguridad polacos en un almacén de mensajería de la región de Lodz.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa polaca, Rógov confesó durante la instrucción haber colaborado con el FSB, aunque afirmó que lo hizo bajo coacción: primero por problemas en su universidad en Rusia y más tarde por amenazas de que su padre sería reclutado para combatir en Ucrania. Su esposa admitió conocer los contactos de su marido con la inteligencia rusa, pero no se declaró culpable. Algunos medios, como el portal Wirtualna Polska, apuntaron a que Rógov podría haber participado en una operación de la inteligencia ucraniana que, sin conocimiento de Varsovia, pretendía hacer llegar componentes explosivos a Rusia a través de territorio polaco. La pareja, que había obtenido asilo político en Polonia tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, fue detenida en 2024 y permanecía en prisión preventiva desde entonces.

El fallo se inscribe en una ofensiva más amplia de la contrainteligencia polaca contra el espionaje ruso. Según datos recogidos por la prensa especializada, desde 2016 Varsovia ha expulsado a más de un centenar de agentes rusos y bielorrusos, y solo en 2023 detuvo al menos a dieciséis extranjeros por espionaje, varios de ellos condenados por planear sabotajes a la red ferroviaria para interrumpir el suministro de armas a Ucrania. El mismo día de la sentencia, el FSB ruso anunció haber frustrado dos complots ucranianos para asesinar a altos mandos militares en Moscú y Krasnodar, lo que desde la óptica del Kremlin refuerza la narrativa de una guerra de inteligencia bilateral. Analistas en Bruselas subrayan que el caso Rógov es el primer proceso en Europa contra un opositor ruso por espionaje desde el inicio de la guerra, y pone de relieve la vulnerabilidad de los exiliados políticos frente a la coerción y la infiltración de los servicios de seguridad de su país de origen.

Con el descuento del tiempo cumplido en prisión preventiva, Rógov podría quedar en libertad en unos cinco años y su esposa en un año y medio, aunque la sentencia no es firme y cabe recurso. El dossier evidencia la porosidad de la frontera entre asilo político, activismo opositor y operaciones de inteligencia en el contexto de la guerra en Ucrania. Mientras Varsovia continúa las investigaciones sobre redes de espionaje entre la comunidad de emigrados rusos, observadores en América Latina señalan que el episodio reactiva el debate sobre los riesgos de instrumentalización de las diásporas por parte de agencias estatales, una preocupación histórica en países con fuertes comunidades de exiliados como Argentina o Chile.