La jornada de instalación del nuevo Congreso colombiano, coincidente con la conmemoración de la independencia, quedó marcada por dos anuncios que profundizan la crisis de transición: el presidente saliente, Gustavo Petro, formalizó una demanda judicial por presunto fraude electoral y llamó a una huelga general indefinida si se revierten sus reformas, mientras el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, denunció un plan criminal de las guerrillas del ELN y disidencias de las FARC para atentar contra su vida. Según fuentes de inteligencia citadas por el entorno del presidente electo, se habría ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para ejecutar el ataque durante los empalmes regionales, lo que llevó a reforzar los esquemas de seguridad sin suspender la agenda de transición.

Desde la óptica del gobierno saliente, la elección del 21 de junio carece de legitimidad. Petro afirmó ante el Congreso y en un acto público en Ciudad Bolívar que presentó una demanda de nulidad con pruebas recabadas por “70 mil testigos digitales”, en su mayoría jóvenes expertos en algoritmos, y señaló a la Registraduría Nacional y a empresas privadas como Thomas Greg & Sons de haber participado en la manipulación. El mandatario saliente sostuvo que el verdadero ganador fue su candidato, Iván Cepeda, y advirtió que si la administración entrante deroga la reforma laboral o la agraria, convocará a paros nacionales indefinidos de trabajadores, campesinos y estudiantes. Asimismo, propuso la conformación de “guardias libertadoras” comunitarias sin armas y reiteró que no asistirá a la posesión presidencial del 7 de agosto.

En contraste, el equipo de De la Espriella atribuye las amenazas a una reacción de los grupos armados ilegales ante su promesa de abandonar la política de “paz total” y adoptar una ofensiva militar sin negociaciones. El presidente electo, respaldado por Washington y partidario de restablecer relaciones diplomáticas con Israel, ha solicitado que la ceremonia de investidura se traslade a una guarnición militar del sur del país, petición que Petro rechazó por considerar que la Constitución exige que el juramento se realice ante el Congreso en pleno. Analistas en Bogotá observan que la denuncia de un magnicidio, aún sin confirmación oficial de las autoridades, añade un factor de volatilidad a un clima ya tensionado por el desconocimiento del resultado electoral y las movilizaciones convocadas.

Observadores internacionales y la Registraduría Nacional han descartado hasta ahora evidencias de un fraude sistemático, mientras la Inspectoría General calificó las acusaciones de infundadas. Con todo, la demanda de nulidad y las investigaciones por las amenazas quedan en manos de la justicia colombiana, en un contexto en que el nuevo Legislativo deberá abordar de inmediato una agenda fiscal compleja y definir si autoriza el cambio de sede para la posesión. La Unión Europea y Estados Unidos siguen el proceso con atención, conscientes de que el giro en la política de seguridad y la reorientación diplomática hacia Israel y el Escudo de las Américas modificarán el papel de Colombia en la región.