Los gobiernos de Perú y Venezuela decidieron iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de sus relaciones bilaterales, comenzando por la reactivación plena de los servicios consulares, según anunciaron este viernes las cancillerías de ambos países. La medida, comunicada casi simultáneamente desde Lima y Caracas, tiene como propósito inmediato garantizar la protección y la prestación de documentos a los ciudadanos peruanos y venezolanos residentes en el otro país.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la decisión responde a una «firme voluntad de cooperación e integración» y se sustenta en los «históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana». Desde la óptica del gobierno peruano saliente de Dina Boluarte, el acercamiento refleja un intento de dejar encauzado el vínculo con Caracas antes del cambio de mando del próximo 28 de julio, mientras que para el gobierno de Nicolás Maduro supone un gesto de apertura condicionado a la actitud que adopte la presidenta electa Keiko Fujimori, abierta crítica del chavismo.

La ruptura diplomática en 2024, que incluyó la expulsión de personal y el cierre de consulados, dejó sin atención a miles de migrantes. La designación de Brasil como custodio de los intereses peruanos en Venezuela no logró suplir la demanda de trámites. Analistas en la región observan que la reanudación consular, aunque limitada, alivia una necesidad humanitaria y podría reducir la presión migratoria irregular. En Lima, el anuncio es visto por sectores de la oposición como una maniobra del Ejecutivo saliente para comprometer a la futura administración de Fujimori en un momento en que el chavismo busca recomponer lazos fragmentados por la crisis poselectoral de 2024.

El proceso anunciado no restablece de inmediato las relaciones diplomáticas plenas ni contempla la reapertura de embajadas. Las fuentes oficiales insisten en que se trata de una etapa inicial que irá seguida de nuevos pasos aún no precisados. La comunidad internacional, especialmente desde Madrid y Brasilia, monitorea la evolución de este acercamiento, consciente de que la consolidación dependerá de la voluntad política del próximo gobierno peruano y de la respuesta de Venezuela a las demandas regionales sobre transparencia electoral y derechos humanos.