Una nueva entrega del consorcio periodístico Forbidden Stories, con soporte técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, ha revelado evidencias adicionales sobre el presunto uso del software espía Pegasus por parte de los servicios de inteligencia de Marruecos. La investigación, basada en el testimonio de un exagente de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) identificado como “Safir”, documentos internos de la empresa israelí NSO Group y análisis forenses, sostiene que Rabat comenzó a utilizar la herramienta en 2017 tras una demostración en una villa de la capital marroquí. Según el relato del exagente, el software —capaz de acceder a mensajes, activar micrófonos y cámaras de forma remota— fue un obsequio de los Emiratos Árabes Unidos y se reservó para objetivos de alto perfil, entre ellos periodistas, opositores y miembros de los gobiernos de Francia y España.

Desde la óptica de las autoridades marroquíes, todas las acusaciones han sido rechazadas de manera sistemática y se ha exigido la presentación de pruebas que consideran inexistentes. Rabat emprendió acciones judiciales contra medios franceses y españoles, las cuales fueron desestimadas definitivamente en 2024. En paralelo, la investigación judicial abierta en Francia desde 2021 ha identificado indicios de compromiso en los teléfonos de al menos siete ministros o exministros, entre ellos Sébastien Lecornu, Florence Parly y Jean-Michel Blanquer. No obstante, fuentes judiciales francesas citadas por el consorcio precisan que, si bien los análisis técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) muestran marcadores similares a los hallados en dispositivos vigilados en Marruecos, la falta de cooperación de Rabat y de Tel Aviv impide una atribución formal. La misma investigación revela que, entre 2019 y 2020, la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) y el Ministerio de Justicia francés evaluaron la adquisición de Pegasus por un monto de entre 60 y 80 millones de euros, proyecto que fue abandonado a finales de 2020 por decisión del Elíseo, invocando soberanía tecnológica y riesgo reputacional.

En el plano diplomático, los nuevos elementos refuerzan la hipótesis de que el espionaje estuvo vinculado a la crisis hispano-marroquí de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas ingresaron irregularmente a Ceuta tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. De acuerdo con informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español recogidos por la investigación, el círculo cercano al rey Mohamed VI, en particular el consejero real Fouad Ali El Himma, habría coordinado una estrategia de presión que incluyó la infección reiterada del teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que se extrajeron 2,57 gigabytes de datos. Meses después, España modificó su posición histórica sobre el Sáhara Occidental mediante una carta de Sánchez al monarca alauí, un giro que desde sectores de la oposición y analistas en Madrid se ha interpretado como una concesión bajo coacción.

El dossier sigue abierto. La justicia francesa continúa las investigaciones, pero la ausencia de respuesta a las comisiones rogatorias por parte de Marruecos e Israel mantiene el caso en un limbo probatorio. Mientras, la identificación del código interno “Morgan” como el cliente marroquí de NSO —según fuentes del diario israelí Haaretz— y una nota de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) francesa que sitúa a Marruecos y los Emiratos como usuarios de los productos de NSO desde 2017, añaden peso a las sospechas. El consorcio Forbidden Stories anticipa que la publicación de estos materiales podría influir en las decisiones de los magistrados, aunque no se esperan avances inmediatos sin cooperación internacional.