Una ola de medidas restrictivas y selectivas recorre el planeta, desde los países del Golfo hasta el cono sur africano, dibujando un nuevo mapa de la movilidad humana. En una sola semana, Arabia Saudí deportó a casi 8.000 extranjeros indocumentados tras detener a más de 10.700 en inspecciones laborales y de residencia. Cifras que encuentran eco en Sudáfrica, donde el gobierno anunció el arresto de 7.400 migrantes en un mes, acumulando más de 40.000 en lo que va de 2026, en medio de crecientes protestas violentas contra la población extranjera. Estos datos, lejos de ser aislados, reflejan un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias que analistas en Bruselas vinculan con presiones económicas y securitarias postpandemia.

La paradoja kuwaití ilustra la dualidad de este nuevo paradigma: mientras el Ministerio del Interior revocó la nacionalidad a más de 2.300 personas por irregularidades en los expedientes y sancionó a 120 ciudadanos por adquirir otra nacionalidad —violando la prohibición de doble ciudadanía—, el Consejo de Ministros lanzó un programa de residencia de hasta 15 años para inversores extranjeros con un umbral de 5 millones de dinares. Observadores en el Consejo de Cooperación del Golfo interpretan esta combinación como una estrategia deliberada para expulsar mano de obra poco cualificada e irregular, reemplazándola por capital humano de alto poder adquisitivo que dinamice sectores no petroleros.

En el Magreb, la crisis adquiere matices propios. Marruecos, convertido de manera estructural en país de acogida para migrantes subsaharianos, afronta un repunte de incidentes violentos que reabre el debate sobre la integración y el acceso a servicios básicos. Al mismo tiempo, los transportistas internacionales marroquíes denuncian un colapso en la emisión de visados profesionales para sus conductores hacia la Unión Europea, lo que lastra la competitividad de las exportaciones. Expertos en políticas vecinales desde Madrid advierten que, sin un diálogo renovado, este cuello de botella consular puede erosionar acuerdos comerciales y alimentar la migración irregular.

Sudáfrica ofrece una imagen aún más compleja. Las marchas xenófobas y los ataques esporádicos han obligado al presidente Ramaphosa a anunciar un plan de control de la inmigración ilegal, respaldado por arrestos masivos. En un suceso que parece extraído de una trama de narcotráfico, la policía interceptó en un aeropuerto a un viajero que transportaba escorpiones venenosos vivos ocultos entre su ropa, un caso que las autoridades ambientales investigan como tráfico de fauna. Este incidente, aparentemente menor, revela la porosidad de las fronteras y la diversificación de las redes ilícitas, que aprovechan los flujos migratorios para actividades criminales transnacionales.

A escala global, se consolida un modelo de migración gestionada que privilegia la utilidad económica inmediata frente a los compromisos humanitarios. Desde la óptica latinoamericana, donde las caravanas y los flujos venezolanos tensan las políticas regionales, estos movimientos en otras latitudes sirven como espejo de un dilema común: cómo equilibrar el control soberano con la protección de derechos. Las próximas negociaciones entre Marruecos y la UE, junto con la evolución de los programas de residencia por inversión en el Golfo, serán termómetros de una tendencia que amenaza con dejar atrás a los más vulnerables.