El Gobierno de México formalizó el 13 de julio la presentación de 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al día siguiente, la Embajada mexicana transmitió al Departamento de Justicia estadounidense la denuncia de la Fiscalía General de la República, solicitando la apertura de investigaciones. De forma paralela, el canciller Roberto Velasco remitió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que evalúe la compatibilidad de estos hechos con los instrumentos internacionales y formule recomendaciones técnicas. Hasta el momento, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se ha recibido una respuesta oficial de las autoridades estadounidenses.

Desde la óptica del Ejecutivo mexicano, estas acciones legales buscan frenar la violencia contra los migrantes y garantizar el esclarecimiento de cada caso, sin que ello afecte la relación bilateral, incluida la renegociación del T-MEC. En las reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, el embajador Roberto Lazzeri expresó la preocupación por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas. Por su parte, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado las redadas: en los primeros once días de julio, los agentes del ICE realizaron más de 16.000 arrestos, un promedio diario de 1.400, según registros federales. La Casa Blanca ha defendido los operativos, incluso después de que agentes federales abatieran a tiros a dos migrantes este mes, argumentando que eran necesarios para proteger a los agentes y al público.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Médicos por los Derechos Humanos, documentaron en un informe reciente que 52 personas han muerto bajo custodia del ICE en los primeros 500 días del segundo mandato de Trump, con una tasa de mortalidad que se ha disparado. El estudio señala que la agencia limita severamente la información que proporciona al Congreso y a las familias, lo que hace prácticamente imposible una supervisión efectiva, y cuestiona la calidad de la atención médica en los centros. Analistas en Washington observan que la expansión de la detención obligatoria —el número de detenidos aumentó un 77 % en el primer año, hasta superar los 71.000— coincide con el desmantelamiento de mecanismos internos de control, lo que agrava el riesgo para la población migrante.

La presión sobre el Gobierno mexicano también crece desde la sociedad civil: asociaciones como Conexión Migrante han convocado una manifestación en la Ciudad de México el 25 de julio para exigir justicia y visibilizar que estos casos “no pueden quedar en el olvido”. La red consular mexicana mantiene asistencia jurídica y apoyo a las familias para el traslado de los restos. Mientras tanto, la Cancillería espera que en las próximas semanas se registren avances en las investigaciones solicitadas, y la ONU podría activar un mecanismo de supervisión que añada una capa de escrutinio internacional a las políticas migratorias estadounidenses.