A seis días de que venza el plazo para que los usuarios mexicanos vinculen su línea móvil a la Clave Única de Registro de Población (CURP), apenas 62,5 millones de los más de 144 millones de líneas activas han completado el trámite, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). De mantenerse la fecha del 30 de junio, alrededor de 60 millones de números quedarían suspendidos, lo que interrumpiría llamadas, mensajes de texto y datos móviles. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este jueves se informará sobre una posible ampliación del calendario, mientras en el Senado se han presentado iniciativas para extender el período de registro hasta en 360 días hábiles.

Desde el Ejecutivo federal se insiste en que la medida busca combatir delitos como la extorsión telefónica —que representa el 85% de los intentos de ese ilícito, con más de 5,7 millones de casos anuales— y el uso de líneas anónimas por parte del crimen organizado. La mandataria rechazó que el objetivo sea espiar a la ciudadanía y recordó que los datos personales quedan en resguardo de las operadoras, no del gobierno. Sin embargo, legisladores de oposición y organizaciones civiles advierten de una “crisis operativa de proporciones mayores”. El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, calificó de “apagón telefónico” la desconexión masiva que se produciría y subrayó que el celular es el principal medio de acceso a internet para los sectores de menores ingresos y para comunidades rurales e indígenas.

El sector privado muestra posturas divididas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que no solicitará una prórroga y llamó a la responsabilidad individual para cumplir con la norma. En contraste, la Asociación de Bancos de México ha promovido el registro entre sus usuarios, al tiempo que BBVA México aclaró que su aplicación no se bloqueará, aunque la pérdida de datos móviles podría limitar el acceso a la banca digital cuando no haya una red WiFi disponible. Analistas en Ciudad de México señalan que la desconfianza institucional —alimentada por filtraciones previas de bases de datos como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) en 2009-2012— es uno de los principales frenos a la adopción masiva del padrón.

El caso mexicano se inscribe en una tendencia global de verificación de identidad en telefonía móvil. Según la GSMA, cerca de 160 gobiernos aplican requisitos similares. En América Latina, países como Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile ya cuentan con controles biométricos o de identidad para usuarios de prepago. En Europa, España implementó la verificación obligatoria tras los atentados de Madrid de 2004. En paralelo, Indonesia aprobó una norma que, a partir del 1 de julio de 2026, exigirá reconocimiento facial solo para nuevas altas de servicio, sin obligar a los usuarios existentes a reinscribirse. Desde Yakarta, el director ejecutivo de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones (ATSI) confirmó que los clientes anteriores a la regulación se consideran ya registrados, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información calificó de “prematuro” forzar una reinscripción masiva sin la infraestructura adecuada.

El desenlace inmediato en México depende del anuncio previsto para este jueves por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Fuentes cercanas al proceso mencionan que se evalúa una prórroga de cuatro meses o una desconexión escalonada en lugar de una suspensión súbita. Mientras, en el Senado se turnó a comisiones la propuesta de ampliar el plazo a 360 días hábiles, y el legislador panista Mario Vázquez urgió 180 días adicionales para corregir inconsistencias reportadas por ciudadanos que aseguran tener líneas vinculadas a su identidad sin haber realizado el trámite.