Los médicos residentes en Inglaterra votaron a favor de aceptar la última oferta del gobierno sobre salarios y condiciones laborales, poniendo fin a un conflicto que desde julio de 2025 había provocado 21 días de huelgas y la cancelación de cientos de miles de citas en el Servicio Nacional de Salud (NHS). La Asociación Médica Británica (BMA) confirmó que el 53% de los miembros participantes respaldó el acuerdo en un referéndum con una participación del 57%, lo que suspende de inmediato la convocatoria de paros y desactiva la amenaza de una escalada que habría comenzado a mediados de junio.

El pacto, negociado por el gobierno laborista, establece un aumento salarial promedio del 6,6% que se implementará por completo en abril de 2027, junto con la creación de 4.500 plazas adicionales de formación especializada en tres años. Según el Departamento de Salud y Asistencia Social, la remuneración de estos facultativos será, en promedio, un 35,2% superior a la de hace cuatro años. Desde Londres, el secretario de Salud, James Murray, enmarcó el acuerdo como un punto de inflexión que permite "pasar página a la disrupción" y concentrarse en la reconstrucción del servicio sanitario, en un contexto donde la inflación había erosionado el valor real de los salarios desde 2008, según el comité de médicos residentes de la BMA.

El desenlace contrasta con la situación en el estado australiano de Victoria. Desde Melbourne, la Asociación Médica Australiana (AMA) y el sindicato de facultativos asalariados confirmaron que más de 2.000 miembros votaron el lunes a favor de solicitar una orden de acción protegida ante la Comisión de Trabajo Justo, allanando el camino para la primera huelga de médicos de hospitales públicos en dos décadas. Las negociaciones, estancadas tras diez meses, giran en torno a la negativa del gobierno estatal a facilitar el acceso al pago de horas extra y a equiparar los permisos parentales con los de otros empleados públicos. La AMA Victoria acusa al ejecutivo de la premier Jacinta Allan de dar marcha atrás en compromisos clave, mientras la ministra de Salud, Harriet Shing, sostiene que las conversaciones continúan "de buena fe".

El sindicato australiano contempla una escalada gradual que comenzaría con campañas de visibilidad y disrupciones administrativas, para luego avanzar hacia la negativa a realizar horas extra no programadas y, finalmente, paros laborales que, aseguran, no comprometerán la seguridad de los pacientes. El siguiente hito procesal es la presentación formal de la solicitud ante la Comisión de Trabajo Justo, que de ser aprobada habilitará una votación secreta entre los afiliados para autorizar medidas de fuerza concretas.