La publicación simultánea de dos investigaciones independientes ha cuantificado el costo humano de los conflictos armados en Myanmar y Nigeria con cifras que superan las estimaciones previas. Según la organización estadounidense Armed Conflict Location and Event Data (Acled), más de 100.000 personas han muerto en Myanmar desde el golpe militar de 2021, un conflicto que analistas en el Sudeste Asiático consideran el más letal actualmente activo en el continente. En paralelo, el Observatorio para la Libertad Religiosa en África (ORFA) documentó 79.323 asesinatos y 34.773 secuestros en Nigeria entre 2020 y 2025, con un promedio de siete ataques y 36 muertes diarias. Ambas series estadísticas, construidas a partir del cruce de fuentes mediáticas, registros de incidentes y testimonios de sobrevivientes, ofrecen una radiografía de la violencia prolongada y sus mecanismos de desgaste sobre la población civil.

En Myanmar, la cifra de 100.114 fallecidos reportada por Acled abarca a todas las partes del enfrentamiento que opone a la junta militar con una coalición de milicias étnicas y las Fuerzas de Defensa Popular surgidas tras la asonada. De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los ataques aéreos del ejército aumentaron más del 50% en 2025 respecto al año anterior, mientras Amnistía Internacional registró más de 7.000 civiles muertos solo en ese año, la marca más alta desde 2021. Desde la óptica de las organizaciones humanitarias en la región, la violencia no se limita a los bombardeos: se documentan trabajo forzoso, reclutamiento militar obligatorio, centros de ciberestafas con trata de personas y muertes bajo custodia por tortura. La economía se ha deteriorado, el precio de los alimentos se ha disparado y más de 3,5 millones de personas permanecen desplazadas internamente, según Naciones Unidas. El recorte de la ayuda exterior estadounidense, señalan fuentes diplomáticas europeas, ha agravado la crisis al forzar el cierre de hospitales en campos de refugiados y aumentar la exposición de menores al reclutamiento forzado.

El informe de ORFA sobre Nigeria introduce un giro en la narrativa dominante sobre la inseguridad en el país. La investigación atribuye el 44% de las muertes de civiles a grupos armados clasificados como “Fulani Terror Groups”, mientras que Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) serían responsables del 12% combinado. La organización subraya que distingue entre estos grupos y la población fulani en general, mayoritariamente no involucrada en la violencia. Desde la perspectiva de analistas en África Occidental, el hallazgo cuestiona la focalización internacional casi exclusiva en el yihadismo y revela un entramado de violencia contra comunidades agrícolas, con un patrón religioso documentado: 28.551 cristianos asesinados frente a 13.224 musulmanes, y una tasa de letalidad per cápita 4,4 veces mayor para los cristianos en los estados afectados. El estudio “Cautiverio por credo” recoge testimonios que indican que los rehenes cristianos enfrentan rescates más altos, períodos de negociación más largos y mayor riesgo de ejecución.

En el plano de la respuesta institucional, el Servicio Correccional Nigeriano informó que 1.271 personas cumplen penas no privativas de libertad en todo el país, en aplicación de la Ley del Servicio Correccional de 2019. La medida, que incluye trabajo comunitario, libertad condicional y justicia restaurativa, busca descongestionar los centros penitenciarios y aliviar un sistema donde la mayoría de los reclusos están en prisión preventiva. Fuentes judiciales en Lagos y Abuya señalan que la implementación avanza de manera gradual, con una presencia aún mayoritaria de hombres (89%) entre los beneficiarios. Mientras, en Myanmar, la junta militar ha promulgado leyes que castigan con prisión e incluso pena de muerte las críticas al gobierno de cara a las elecciones previstas para diciembre, un proceso que desde la órbita de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se observa con escepticismo sobre su capacidad para celebrarse en condiciones de seguridad mínima. Ambos escenarios, aunque distantes en geografía y naturaleza, comparten la tensión entre la persistencia de la violencia masiva y los intentos, aún incipientes, de recomponer los mecanismos de justicia y protección civil.