El 26 de junio de 2026, Líbano e Israel suscribieron en Washington un acuerdo marco tripartito, con la mediación de Estados Unidos, que establece un mecanismo gradual para la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano a cambio del desarme verificado de Hezbolá y otras milicias no estatales. El texto, complementado por un anexo de seguridad aún en negociación, prevé la creación de «zonas piloto» al sur del río Litani donde el ejército libanés asumirá el control operativo tras un proceso de cuatro fases: desmantelamiento de infraestructura militar no gubernamental, verificación por una tercera parte, despliegue de tropas y reconstrucción. Un grupo de coordinación militar con supervisión estadounidense (MCG4L) gestionará la prevención de incidentes y la verificación del cumplimiento.

Desde Washington, el Departamento de Estado presenta el acuerdo como un paso histórico para restaurar la soberanía libanesa, desarticular la capacidad militar de Hezbolá y garantizar la seguridad a largo plazo de Israel. Las capitales del Golfo, a través del Consejo de Cooperación, han expresado un respaldo firme. En Beirut, el gobierno del presidente Joseph Aoun y el primer ministro Salam defiende el pacto como un camino hacia la estabilidad que mantiene el compromiso estadounidense como mediador. Sin embargo, Hezbolá y el movimiento Amal lo rechazan de plano: el líder de Hezbolá, Naim Qasem, lo calificó de «inexistente» y una «rendición de la soberanía», mientras el presidente del Parlamento, Nabih Berri, declaró que las zonas piloto «no existen en mi diccionario». Analistas en Beirut señalan que solo cuatro partidos —Fuerzas Libanesas, Kataeb, Nacionalistas Libres y Diálogo Nacional— apoyan abiertamente el acuerdo, frente a una veintena que lo consideran lesivo para los intereses nacionales.

La viabilidad del acuerdo es puesta en duda por observadores en la región. El intercambio central —retirada israelí condicionada al desarme de Hezbolá— tropieza con la negativa categórica de la milicia a entregar las armas y con la incapacidad material y política del ejército libanés para imponerlo por la fuerza. Esta dinámica, advierten analistas en Beirut, podría consolidar una presencia militar israelí indefinida en el sur, legitimando de facto una franja de seguridad de entre ocho y diez kilómetros. La inclusión de localidades no ocupadas como Frun entre las primeras zonas piloto refuerza la percepción, según fuentes militares retiradas libanesas, de que el modelo responde más a una herramienta de negociación que a un plan de retirada genuino. A ello se suma la cláusula que impide a Líbano procesar a Israel por crímenes de guerra, un punto que organizaciones de derechos humanos en la región consideran una renuncia a la rendición de cuentas.

El acuerdo se inscribe en un contexto de vías diplomáticas paralelas: las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, que desde Teherán se interpretan como un marco para redefinir la influencia regional, y la negociación directa libanés-israelí patrocinada por Washington. El inminente fin del mandato de la FPNUL y la propuesta franco-italiana de una nueva fuerza de paz añaden incertidumbre sobre el dispositivo de supervisión internacional. La implementación comenzará con las zonas piloto, pero la negativa de Hezbolá a cooperar y la ausencia de un debate parlamentario sobre la ratificación del acuerdo plantean obstáculos constitucionales y operativos. La visita del jefe del Mando Central de Estados Unidos a Beirut subraya la voluntad de Washington de supervisar el proceso, aunque el éxito del marco dependerá de la capacidad del Estado libanés para gestionar la oposición interna y del cumplimiento israelí de un calendario de retirada que, por ahora, permanece supeditado a una condición que muchos consideran inalcanzable.