Suecia puso en vigor este lunes una reforma legal que obliga a seis agencias públicas —entre ellas la Agencia Tributaria, el Servicio de Prisiones y la Oficina de Pensiones— a transmitir a la policía los datos que ya poseen cuando existan circunstancias concretas de que una persona carece de permiso de residencia. La norma no exige búsquedas activas, pero impone un deber de comunicación inmediata. En el debate parlamentario de junio, la izquierda y los verdes votaron en contra, mientras que socialdemócratas y centristas reclamaron sin éxito elevar el umbral probatorio de “motivos” a “motivos fundados”. Sindicatos con afiliados en los organismos afectados y organizaciones de derechos humanos calificaron la medida de “angiverilag” (ley soplón), al considerar que transforma a funcionarios en delatores y debilita la confianza de los migrantes en los servicios públicos.

En el norte de África, la Dirección General de Impuestos de Argelia emitió una instrucción que concede a los contribuyentes un plazo de treinta días para responder a solicitudes de información y justificantes durante las auditorías contables, y regula la prórroga de las inspecciones de campo cuando existen indicios de transferencia indirecta de beneficios. La administración tributaria argelina enmarca los cambios en la necesidad de armonizar los textos legales tras la derogación de varios artículos por la ley de finanzas complementaria de 2023 y de actualizar las referencias al procedimiento de liquidación automática en caso de no presentar la contabilidad. Simultáneamente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó que mantiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a contribuyentes que hayan omitido el pago de impuestos federales y no hayan respondido a notificaciones previas. El IRS subraya que estas inspecciones son poco frecuentes, que nunca exigen pagos inmediatos ni retiran licencias, y que el primer contacto se produce siempre por correo postal, nunca a través de redes sociales.

En Brasil, organizaciones del tercer sector intensificaron su oposición al proyecto de ley 1.659/2024, cuyo texto sustitutivo, elaborado por el diputado Evair Vieira de Melo, prohíbe el financiamiento extranjero a entidades de la sociedad civil en un amplio abanico de supuestos. La Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales, la Asociación Brasileña de Captadores de Recursos y la Red Comuá advierten que la propuesta puede inviabilizar proyectos en derechos humanos, medio ambiente, salud y asistencia social, y afectar especialmente a organizaciones pequeñas fuera de los grandes centros urbanos que dependen de fondos internacionales redistribuidos por entidades brasileñas. El relator justifica las restricciones alegando que el financiamiento foráneo puede influir en políticas públicas, procesos legislativos y decisiones judiciales. La iniciativa aún no ha sido votada por la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Desde la óptica de expertos en gobernanza, estas reformas, aunque de naturaleza diversa, coinciden en ampliar las facultades de supervisión estatal en ámbitos migratorios, fiscales y de la sociedad civil. La ley sueca ya está en vigor; la instrucción argelina entró en aplicación inmediata; la política de visitas del IRS sigue su curso ordinario, y el proyecto brasileño aguarda debate en comisión, mientras las entidades afectadas reclaman un proceso de consulta pública antes de cualquier modificación del marco de financiamiento.