El Consejo de la Unión Europea impuso el 13 de junio sanciones contra el grupo tecnológico ruso VK, su filial Communication Platform —desarrolladora del mensajero estatal Max— y tres empresas proveedoras de sistemas de interceptación legal (SORM): VAS Experts, Norsi-Trans y Citadel. Las medidas, adoptadas en el marco del régimen de sanciones por violaciones de derechos humanos, congelan activos en territorio comunitario y prohíben viajes a las personas designadas, entre ellas los directivos de esas compañías y siete funcionarios de la colonia penitenciaria IK-10 de Mordovia.

Según el texto publicado en el Diario Oficial de la UE, la aplicación Max fue desarrollada bajo supervisión del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y está preinstalada en todos los dispositivos móviles vendidos en Rusia. El documento detalla que el software recopila datos sobre otras aplicaciones instaladas, rastrea el uso de VPN, accede a la geolocalización y puede instalar actualizaciones autónomas. Bruselas sostiene que la promoción de Max por parte del Estado ruso fue acompañada de restricciones a servicios independientes como WhatsApp y Telegram, así como de una campaña para limitar el uso de redes privadas virtuales. La designación afirma que VK, como matriz, proporcionó soporte técnico a la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, incluso facilitando datos de usuarios que publicaban contenidos críticos con la guerra en Ucrania.

Desde Moscú, la empresa VK declaró que las sanciones no afectarán el funcionamiento de sus plataformas —incluidas las redes sociales VKontakte y Odnoklassniki— ni del mensajero Max, y que los servicios permanecen disponibles para los usuarios. Sin embargo, a finales de junio Apple ya había retirado de su App Store todas las aplicaciones de VK, incluido Max, alegando la necesidad de cumplir con regímenes sancionatorios, pese a que en ese momento la compañía no figuraba en listas de sanciones directas. El ministro ruso de Desarrollo Digital, Maksut Shadaev, cifró en unos 20 millones los usuarios de Max que perdieron acceso tras esa eliminación, y su departamento calificó la decisión de Apple como políticamente motivada.

Las sanciones alcanzan también a los fabricantes de hardware y software para el Sistema de Medidas de Investigación Operativa (SORM), que según la documentación europea es utilizado para vigilar comunicaciones móviles y de internet, y para perseguir a periodistas, opositores y activistas. En paralelo, la UE sancionó a nueve personas y cuatro entidades vinculadas al Centro 16 del FSB por su presunta participación en ciberataques contra infraestructuras críticas en Ucrania y al menos nueve países comunitarios. Estas designaciones se producen mientras los Veintisiete discuten el 21.º paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, indicó que ese paquete aún no ha sido consensuado, por lo que el listado aprobado hoy funciona como una medida intermedia centrada en derechos humanos y ciberseguridad.