El Consejo de la Unión Europea impuso sanciones contra seis ciudadanos rusos por su participación en el desarrollo de la epibatidina, una potente toxina detectada en muestras tomadas del cuerpo del disidente Alexéi Navalny tras su fallecimiento en una colonia penal rusa en 2024. La decisión, adoptada en el marco del régimen de sanciones contra la proliferación y el uso de armas químicas, implica la congelación de activos en territorio comunitario, la prohibición de entrada en la UE y el veto a que personas o empresas europeas les proporcionen fondos o recursos económicos, ya sea de forma directa o indirecta.

De acuerdo con el comunicado oficial, los sancionados son cuatro investigadores del Centro Científico Signal —Ígor Babkin, jefe de laboratorio, Serguéi Galán, Olga Yúdina y Alexéi Aksiónov—, quienes realizaron estudios y publicaron artículos sobre la síntesis de epibatidina, contribuyendo así a su desarrollo como arma química. Completan la lista Irina Dereviágina, analista química del Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología (GosNIIOjT), considerado por Bruselas una pieza central del programa ruso de armas químicas, y el coronel Mijaíl Gutsaliuk, jefe de departamento en la Academia Militar de Defensa Radiológica, Química y Biológica.

Las sanciones se producen después de que, en febrero de 2026, investigadores independientes del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos concluyeran que Navalny fue envenenado con epibatidina, un alcaloide extraído de una rana tropical. Desde Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó esas conclusiones de “bulo informativo”. El opositor ya había sobrevivido en 2020 a un envenenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok, ataque que motivó sanciones europeas anteriores. Con estas nuevas designaciones, las medidas restrictivas de la UE en el ámbito de las armas químicas alcanzan ya a 31 personas y 6 entidades.

Desde la óptica de Bruselas, las sanciones buscan golpear la infraestructura científica y militar que posibilita el uso de sustancias prohibidas, yendo más allá de las figuras políticas para señalar a quienes participan directamente en la investigación y el desarrollo. Analistas en capitales europeas interpretan la medida como una señal de que la UE mantendrá el expediente Navalny abierto y lo vincula con el programa de armas químicas ruso en su conjunto. En contraste, fuentes cercanas al Kremlin consideran estas acciones parte de una campaña de desprestigio occidental y no prevén un cambio de postura. Las sanciones profundizan el aislamiento de las instituciones señaladas respecto a la cooperación científica internacional, aunque su impacto práctico podría ser limitado debido a las restricciones ya existentes.