Los jefes de la diplomacia de la Unión Europea no alcanzaron este lunes en Bruselas la unanimidad necesaria para aprobar el 21º paquete de sanciones contra Rusia, según confirmó la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas. La falta de consenso tiene una consecuencia inmediata: el próximo 15 de julio vence el plazo semestral de revisión del tope al precio del petróleo ruso transportado por vía marítima y, al no haberse pactado una congelación del límite vigente, el mecanismo se ajustará de forma automática. De acuerdo con los cálculos de fuentes comunitarias, el precio máximo pasaría de los actuales 44,10 dólares por barril a unos 48 dólares, una cifra que supera el precio de mercado de la variedad Urales —situado en torno a los 42 dólares— y que, en la práctica, obligaría a las navieras a vender el crudo ruso por encima de su cotización real.

Desde la óptica de Bruselas, el bloqueo refleja la creciente dificultad para mantener la presión económica sobre Moscú sin lesionar intereses nacionales. Kallas lamentó la falta de acuerdo, aunque subrayó que las capitales están “bastante cerca” y que se ha preparado una lista de 250 personas y entidades —la más amplia hasta la fecha— cuya inclusión en los listados negros podría aprobarse de forma separada. Sin embargo, el paquete global, que originalmente incluía restricciones al gas natural licuado (GNL) ruso, a los servicios marítimos y a las importaciones de pescado, fue objeto de profundas divergencias. Según fuentes diplomáticas, para facilitar el consenso la Comisión Europea retiró las disposiciones más ambiciosas, como la prohibición total de importar GNL, y suavizó las limitaciones a la pesca.

Las objeciones proceden de varios frentes geográficos. Grecia, Chipre y Malta, cuyas flotas mercantes controlan una parte significativa del transporte de crudo ruso hacia terceros países, se opusieron a la congelación del tope al petróleo argumentando que el mecanismo actual perjudica su competitividad frente a operadores no occidentales. De acuerdo con estimaciones de la prensa económica internacional, los armadores griegos habrían ingresado al menos 3.800 millones de dólares en los últimos tres años por estos fletes. Al mismo tiempo, Alemania expresó reservas ante las restricciones a la importación de pescado fresco ruso —en particular abadejo y merluza— por su impacto en la cadena de suministro de productos de consumo masivo como los palitos de pescado. Bulgaria, por su parte, condicionó su apoyo a la exclusión del patriarca Kiril de las listas, a la retirada de sanciones contra un accionista de Lukoil y a la protección de los repuestos para el metro de Sofía. Francia, Italia y Grecia también bloquearon la propuesta de vetar automáticamente los visados a militares rusos que hubieran combatido en Ucrania, alegando la dependencia de sus sectores turísticos de los visitantes rusos.

El desacuerdo sobre el tope al petróleo ilustra la paradoja del mecanismo diseñado en 2024. La norma establece que cada seis meses el límite se recalcula para situarse un 15 % por debajo del precio medio de mercado del crudo Urales en el semestre anterior. La escalada bélica en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz dispararon las cotizaciones internacionales, de modo que la aplicación automática de la fórmula elevaría el tope justo cuando el precio de mercado ha vuelto a descender. Para los analistas en Europa central, esta situación evidencia que el instrumento, concebido para reducir los ingresos del Kremlin, puede generar efectos contrarios si no se interviene políticamente. La Comisión Europea propuso congelar el límite actual hasta enero de 2027, pero la resistencia de los Estados con intereses navieros impidió el acuerdo.

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) tiene previsto reunirse el mismo 15 de julio para intentar un pacto de última hora. Kallas advirtió de que, si fracasa el “plan A”, se trabajará en un “plan B”, sin precisar en qué consistiría. Mientras, la presidencia rotatoria del Consejo y los servicios jurídicos examinan si es posible desvincular la congelación del tope del resto del paquete sancionador para evitar el ajuste automático. La decisión requiere unanimidad, por lo que cualquier Estado miembro puede bloquearla. El episodio confirma, según fuentes comunitarias, que la fatiga sancionadora y la primacía de los intereses económicos nacionales están ralentizando la capacidad de la UE para reaccionar con la misma celeridad que en las primeras rondas de medidas restrictivas.