Los embajadores de los Veintisiete alcanzaron este jueves un acuerdo político sobre el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, tras semanas de negociaciones marcadas por las objeciones de varios Estados miembros. El compromiso final, que debe ser ratificado por procedimiento escrito, congela durante doce meses el mecanismo de ajuste del precio máximo del crudo ruso en 44,10 dólares por barril —evitando un alza automática a 58 dólares que, según Bruselas, habría beneficiado a Moscú en un contexto de volatilidad por el cierre del estrecho de Ormuz— e incorpora 218 nuevas designaciones, la cifra más alta en cuatro años, que incluyen entidades financieras, empresas del complejo militar-industrial y buques de la denominada flota fantasma.

Desde la óptica de las instituciones europeas, el paquete mantiene la presión sobre la economía de guerra rusa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó que las medidas “siguen debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico ruso”, mientras que la alta representante Kaja Kallas destacó el alcance sin precedentes de las inclusiones. Sin embargo, el texto final refleja concesiones significativas. Atenas logró una exención renovable de un año que permite a empresas comunitarias —en particular a la naviera griega Dynagas— seguir transportando gas natural licuado ruso hacia terceros países para contratos firmados antes del 24 de febrero de 2022. Lisboa y Berlín, por su parte, consiguieron retirar la prohibición de importar pescado ruso, como el bacalao y el abadejo de Alaska, que habría afectado a sus industrias de transformación. Sofía bloqueó la inclusión del patriarca ortodoxo ruso Cirilo en las listas de sancionados, y la propuesta de vetar la entrada a la UE a los militares rusos que han combatido en Ucrania quedó reducida a un compromiso de trabajo futuro, ante las reservas de París, Roma y la propia Atenas.

Las implicaciones concretas del paquete abarcan varios frentes. En el ámbito financiero, se imponen restricciones a 94 bancos e instituciones rusas —entre ellas la Bolsa de Moscú— y se prohíben transacciones con otras 33 entidades de crédito, además de cuatro bancos extranjeros, incluido uno kirguís vinculado al sistema de mensajería financiera del Banco de Rusia. Por primera vez, la UE introduce la posibilidad de vetar por completo los servicios de criptoactivos procedentes de terceros países que faciliten la elusión de sanciones, y añade 14 plataformas situadas en Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. En el sector energético, se sanciona a tres refinerías rusas y a la planta bielorrusa de Mozyr, así como a su comercializadora, y se amplía la lista de buques de la flota fantasma con 41 nuevos petroleros, apuntando también a las embarcaciones que les prestan servicios de abastecimiento y tripulación. Las restricciones a la exportación de bienes y tecnologías de doble uso se extienden a 51 empresas, varias de ellas radicadas en China, India, Kazajistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, a las que Bruselas acusa de sostener la capacidad industrial militar rusa.

El acuerdo llega en un momento en que la unidad europea frente a Moscú muestra signos de fatiga. Fuentes diplomáticas citadas por varios medios comunitarios señalan que, tras veintiún paquetes, cada vez resulta más difícil hallar nuevos objetivos que conciten la unanimidad requerida. La delegación rusa ante la UE ya ha anunciado que prepara medidas de respuesta y ha atribuido el deterioro socioeconómico en Europa al abandono de los suministros energéticos rusos. Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski agradeció el mantenimiento de la presión, mientras que en Moscú voces parlamentarias calificaron las sanciones de gesto para el consumo interno europeo. El Consejo de la UE formalizará la decisión en las próximas horas mediante procedimiento escrito, tras lo cual las nuevas restricciones entrarán en vigor de inmediato.