En los pasillos del Parlamento australiano, un padre en duelo se convirtió esta semana en el centro de una tormenta política. Wayne Holdsworth, cuyo hijo adolescente Mac se suicidó tras ser explotado sexualmente a través de una plataforma social, acudió a Canberra para reclamar leyes más severas. El Gobierno laborista intentó aprobar de urgencia una reforma que duplicaría las multas a las tecnológicas —hasta 99 millones de dólares australianos— y obligaría a entregar documentos al regulador. Pero la oposición conservadora y los Verdes bloquearon la iniciativa y la enviaron a una comisión de ocho semanas. El ministro de Sanidad, Mark Butler, calificó la maniobra de “absolutamente patética” y acusó a los senadores de tratar a los padres “con absoluto desprecio”. La escena encapsula una tensión que desborda las fronteras australianas: la urgencia de proteger a la infancia choca con la dificultad de regular un ecosistema digital que se escurre entre las costuras de la ley.

Australia fue pionera al prohibir en 2024 el acceso de menores de 16 años a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube. Un año después, la comisionada de seguridad electrónica reveló que siete de cada diez niños seguían activos en esas redes. El Gobierno admite que la prohibición no funciona sin herramientas para forzar a las empresas a demostrar qué medidas toman. De ahí la reforma bloqueada. Mientras, el Reino Unido anunció en junio de 2025 un veto similar, invocando la necesidad de “devolver la infancia” a los jóvenes. La ola prohibitiva, sin embargo, no es unánime.

Desde Italia, investigadores y académicos sostienen que la crisis de salud mental juvenil no la provocan las pantallas, sino el deterioro de las condiciones materiales de vida. Prohibir las redes, argumentan, es un atajo inútil. En Malasia, madres y padres reunidos en un taller de seguridad digital coincidieron en que la alfabetización y el pensamiento crítico son la mejor defensa. “La exclusión no es protección”, afirmó Su Yen Pang, madre de cuatro hijos. Para estas voces, enseñar a navegar el entorno digital —reconocer el ciberacoso, las estafas, los límites del consentimiento— construye una resiliencia que ninguna restricción técnica puede sustituir.

Un estudio de Kaspersky y el Instituto de Tecnología de Singapur, realizado en nueve países de Asia y África, añade otra capa al debate: el ‘sharenting’, esa costumbre de compartir hitos familiares en redes, está generando “perfiles fantasma” de niños que jamás han tocado un teléfono. El 74% de los padres teme que extraños deduzcan dónde viven; el 73%, a qué escuela van sus hijos. Siete de cada diez creen que las plataformas perfilan a los menores para publicidad dirigida. La paradoja es íntima: la mitad de los encuestados siente camaradería al publicar, pero la otra mitad se refugia en el silencio. La ansiedad no es solo legislativa; habita en la cocina de casa, frente a la foto de una fiesta de cumpleaños que ya no se sube.

En ese gesto mínimo —el dedo que se detiene antes de pulsar ‘compartir’— se condensa una época que desconfía de las prohibiciones absolutas pero intuye que la huella digital se hereda sin permiso. Mientras los parlamentos discuten si doblar multas que nunca se han aplicado, la infancia crece con un doble virtual que ninguna ley ha sabido borrar.