La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el martes una modificación de su reglamento financiero que suspende durante cuatro años la devolución de fondos no utilizados a los Estados miembros con deudas pendientes. La medida, confirmada por el subsecretario general Chandramouli Ramanathan, busca evitar el colapso de liquidez previsto para agosto, cuando la organización se quedaría sin efectivo para operar. Según datos del organismo, Estados Unidos adeuda unos 4.300 millones de dólares y China más de 1.300 millones, sumando el 42% del presupuesto ordinario. Desde la óptica de las capitales europeas, la reforma es un parche técnico que no resuelve la crisis política de fondo: la hostilidad de la administración estadounidense hacia el multilateralismo y la estrategia china de retener pagos como herramienta de presión institucional.

En paralelo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) enfrenta un déficit de 100 millones de dólares que, según el secretario general António Guterres, la sitúa “al borde del colapso”. Durante una conferencia de donantes, Guterres denunció que la agencia sufre “campañas de desinformación, restricciones legislativas y obstáculos diplomáticos”, en referencia a las acusaciones israelíes de parcialidad política y a la supuesta participación de empleados en los ataques del 7 de octubre de 2023. La UNRWA, que asiste a 2,6 millones de palestinos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, ya ha reducido sus operaciones este año. Analistas en Oriente Medio advierten que un colapso de la agencia desestabilizaría aún más los territorios ocupados y los países de acogida, en un momento de extrema tensión regional.

El deterioro de la arquitectura humanitaria se refleja también en Sudán, donde Amnistía Internacional publicó un informe que acusa a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante la toma de El Fasher, en Darfur del Norte, entre 2024 y 2025. La investigación, basada en 247 entrevistas y análisis de imágenes satelitales, documenta asesinatos, tortura, violaciones, esclavitud sexual y persecución por motivos étnicos contra la comunidad zaghawa. La ONG identificó a tres comandantes de las RSF como responsables de violaciones del derecho internacional. Desde la perspectiva de la Unión Africana y de observadores en Adís Abeba, el conflicto ha evolucionado hacia una economía de guerra sostenida por el oro de contrabando, el suministro de drones iraníes al ejército sudanés y redes logísticas que atraviesan el mar Rojo y países vecinos, según informes de Naciones Unidas y centros de estudios como el Royal United Services Institute.

La crisis humanitaria se agrava con un nuevo brote de cólera que ha causado 120 muertos y más de 1.100 casos sospechosos desde mayo en Kordofán del Oeste y del Norte, según la Organización Mundial de la Salud. El colapso del sistema sanitario —el 40% de las instalaciones no funciona y el resto opera parcialmente— y la inminente temporada de lluvias hacen temer una expansión rápida de la enfermedad. Mientras, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una reunión urgente sobre la situación en El Obeid, donde medio millón de civiles están atrapados bajo asedio y ataques con drones. La confluencia de crisis financieras, bloqueos políticos y emergencias humanitarias dibuja un escenario en el que la capacidad de respuesta multilateral pende de decisiones de un puñado de capitales, sin que se vislumbre un acuerdo político de fondo.