El gobierno alemán presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, dotará a sus agencias de inteligencia de herramientas para infiltrarse en sistemas informáticos, perturbar operaciones y difundir información falsa contra amenazas extranjeras, rompiendo con décadas de restricciones impuestas tras la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa, que redefine el marco legal del servicio de inteligencia interior y exterior, responde a lo que Berlín califica como un aumento de los riesgos híbridos y cibernéticos vinculados a Rusia.

Simultáneamente, en Moscú, el Ministerio de Desarrollo Digital (Mintsifry) asume el papel de regulador principal de la inteligencia artificial, según un proyecto de decreto gubernamental que entrará en vigor el 1 de septiembre. La medida le otorga la capacidad de definir la política estatal, elaborar legislación, coordinar apoyos a desarrolladores y supervisar la incorporación de la IA en plataformas públicas como ‘Gostech’. Analistas en Rusia señalan que alrededor de 28.000 empresas del sector de software quedarán bajo su órbita, con un costo estimado de entre 300 millones y 3.000 millones de rublos en seis años, aunque el alcance concreto de las obligaciones aún no está definido.

Ambos movimientos coinciden con la publicación del primer informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA de la ONU, que advierte que la velocidad del desarrollo tecnológico supera la capacidad de los gobiernos para legislar. El grupo de 40 expertos documenta cómo las capacidades de los agentes autónomos se aceleran —planifican tareas, escriben código—, mientras la concentración de poder computacional se acentúa: Estados Unidos y China acaparan cerca del 90% de la capacidad de supercomputación que respalda los modelos más avanzados. La ONU insta a crear normas comunes que garanticen la transparencia y la seguridad, ante riesgos que van desde la generación de desinformación hasta ciberataques.

Desde la óptica de Bruselas, la reforma alemana plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en la UE, donde la legislación de IA ya impone requisitos estrictos. En contraste, la vía rusa opta por una supervisión estatal directa que, tras críticas del sector empresarial, ha suavizado algunas exigencias iniciales —como la obligación de etiquetar contenidos generados por IA y el uso exclusivo de datos nacionales—, aunque mantiene el control sobre los modelos que se empleen en infraestructuras críticas. El Kremlin busca, según declaraciones del presidente Putin, una “fórmula óptima y equilibrada” que estimule la innovación sin ceder soberanía.

El próximo hito será la entrada en vigor del decreto ruso el 1 de septiembre, mientras el Parlamento alemán inicia el debate de la ley de inteligencia. A escala global, el panel de la ONU continuará recabando evidencias para presentar recomendaciones finales, en un contexto donde la brecha entre la técnica y la norma se ensancha.