El sábado, hombres armados vinculados a Hamás irrumpieron en el punto de distribución de alimentos Abu Rashid, en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, y en un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA), donde agredieron a dos camioneros que entregaban suministros humanitarios. La operación quedó suspendida, privando de víveres a miles de familias que dependían diariamente de esa asistencia. Naciones Unidas, por medio de su coordinador adjunto para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, condenó “con la mayor firmeza” lo sucedido y calificó el episodio de “inaceptable”.

Alakbarov advirtió que estos hechos “no son aislados” y reflejan un “patrón cada vez más peligroso de intimidación, violencia y obstrucción, incluidos intentos de contrabando, ataques y abusos contra las operaciones humanitarias”. En su comunicado, el responsable de la ONU también señaló que la expansión de las zonas bajo control israelí reduce el espacio disponible para los civiles y subrayó la obligación de todas las partes, conforme al derecho internacional humanitario, de respetar y proteger al personal, las instalaciones y los suministros de socorro.

Desde Jerusalén, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) condenó el incidente y afirmó que constituye “una prueba más de que Hamás explota cínicamente el espacio humanitario y la ayuda destinada a los residentes de la Franja de Gaza en beneficio propio”. El organismo israelí insistió en que la ayuda entra en el enclave, pero que Hamás es quien “socava los mecanismos de distribución, se apropia de la asistencia e impide que llegue a la población civil”. Por su parte, el Ministerio del Interior de Gaza, controlado por el movimiento islamista, rechazó las acusaciones y las tachó de “infundadas”, asegurando que sus fuerzas de seguridad protegen los convoyes y centros de distribución y facilitan la labor de las organizaciones internacionales.

El asalto se produce en un contexto de frágil alto el fuego alcanzado en octubre tras dos años de guerra, cuya segunda fase —que incluye el desarme de Hamás y la retirada gradual israelí— permanece estancada. Las fuerzas israelíes controlan más del 60 % del territorio, mientras Hamás mantiene presencia en las zonas restantes, aunque la semana pasada anunció la disolución del órgano de gobierno que administraba la Franja desde hace casi dos décadas. La violencia persiste: según el Ministerio de Salud gazatí, más de un millar de palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, y el ejército israelí reporta la pérdida de cinco soldados y un contratista civil. La ONU reiteró que las organizaciones humanitarias deben poder trabajar “con seguridad, independencia, imparcialidad y sin temor a intimidaciones o violencia”, sin que por el momento se hayan anunciado medidas concretas para restablecer la distribución en Jabalia.