El Parlamento unicameral de Hungría aprobó este lunes una enmienda constitucional que fuerza el cese inmediato del presidente Tamás Sulyok, estrecho aliado del ex primer ministro Viktor Orbán. La reforma, impulsada por el Gobierno de Péter Magyar, obtuvo el respaldo de la mayoría de dos tercios que el partido Tisza ostenta en la cámara, mientras los diputados de Fidesz —la formación de Orbán— abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. La norma establece que Sulyok dispone de cinco días para firmar su propia destitución; de negarse, el Ejecutivo iniciará un proceso de impeachment por “pérdida grave de confianza” de la sociedad húngara.

Desde el oficialismo se argumenta que el presidente actuó como un “títere” de Orbán y que su permanencia obstaculiza la restauración del Estado de derecho tras 16 años de lo que Budapest califica como un “sistema capturado”. El primer ministro Magyar, que asumió el cargo en abril con la promesa de un “cambio de régimen”, sostiene que Sulyok no se opuso a las derivas autoritarias ni a los escándalos del anterior gobierno. En contraste, la oposición de Fidesz denunció la enmienda como una medida “autocrática” y organizó manifestaciones de apoyo al presidente. Organizaciones defensoras de derechos humanos con sede en Europa y Estados Unidos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, expresaron reservas: señalaron que la destitución mediante una norma ad personam carece de las garantías del debido proceso y resulta “evocadora de la era Fidesz”. Sin embargo, el ex presidente del Tribunal Supremo húngaro, András Baka, defendió la vía elegida al afirmar que, en un Estado capturado como el que dejó Orbán, medidas extraordinarias pueden estar justificadas si conducen a un nuevo orden constitucional.

La enmienda va más allá de la jefatura del Estado. Introduce un límite de 12 años o tres mandatos para los diputados —lo que impediría a Orbán y a otros políticos opositores presentarse en 2030—, restablece la competencia del Tribunal Constitucional para revisar leyes presupuestarias y fija una edad de jubilación forzosa de 70 años para los magistrados de esa corte. Esta última disposición obliga a retirarse a cuatro de los quince jueces actuales, entre ellos el presidente del tribunal, Peter Polt, considerado otro aliado del anterior régimen. Asimismo, se crea una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos con amplios poderes para combatir la corrupción, un fenómeno que, según veedores internacionales, se volvió endémico durante la etapa de Orbán.

La reforma se inscribe en un plan más amplio del Gobierno de Magyar para desmontar la arquitectura institucional heredada. El Ejecutivo ya había suspendido temporalmente los informativos de la radiotelevisión pública con el fin de “garantizar su independencia” y prevé una reforma constitucional de mayor calado en otoño, que incluirá consultas públicas. Según un sondeo del centro de estudios 21 Research Center, el 67 % de los húngaros respalda la salida de Sulyok. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, declinó pronunciarse sobre la medida. Una vez que la enmienda entre en vigor —ya sea por la firma del presidente o por su eventual cese—, el Parlamento elegirá a un nuevo jefe de Estado por un mandato de hasta cinco años o hasta que se apruebe una nueva Constitución.