La Fiscalía General de Alemania ha formulado la primera acusación formal en la investigación por las explosiones que inutilizaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022. El imputado, el ciudadano ucraniano Serhii Kuznetsov —identificado como Serhii K. en aplicación de las leyes de protección de datos—, enfrenta cargos por provocar una explosión, destrucción de obras de construcción y ataque contra infraestructura energética civil, tipificado como crimen de guerra según el derecho internacional humanitario. De acuerdo con el auto de acusación, Kuznetsov lideró un comando de siete personas que utilizó el velero Andromeda para colocar cargas explosivas en los fondos del mar Báltico. Fue detenido en Italia en agosto de 2025 y extraditado a Alemania en noviembre; actualmente permanece en prisión preventiva en Hamburgo. Los investigadores alemanes califican las pruebas de 'irrefutables', al incluir conversaciones telefónicas intervenidas durante su reclusión en Italia en las que el sospechoso se habría autoincriminado, así como rastros de explosivos de uso militar hallados en la embarcación.

Desde Berlín, la imputación se presenta como una demostración de que el Estado de derecho opera con independencia de las alianzas geopolíticas, pese a que Alemania sigue siendo el mayor proveedor europeo de ayuda militar a Ucrania. En Kiev, sin embargo, el gobierno niega cualquier implicación y amplios sectores de la sociedad consideran a los saboteadores como héroes que cortaron una fuente de ingresos para Moscú. Esta divergencia se refleja en Varsovia, donde los tribunales polacos rechazaron la extradición de un segundo sospechoso ucraniano, el instructor de buceo Volodymyr Zhuravlev, argumentando que, de ser cierta la autoría ucraniana, el acto podría considerarse legítima defensa frente a una 'guerra genocida'. Moscú, por su parte, ha calificado reiteradamente el sabotaje como un acto de terrorismo internacional y ha manifestado su disposición a un diálogo sustantivo con Berlín sobre la investigación. Entidades estatales rusas han señalado además el interés en restaurar los gasoductos en el futuro, citando las necesidades energéticas alemanas.

Analistas en Bruselas observan que el caso coloca a la Unión Europea en una posición delicada: procesar a ciudadanos de un país candidato y socio estratégico por un ataque contra infraestructura crítica de un Estado miembro. Fuentes cercanas a la investigación indican que el Gobierno alemán difícilmente reclamará compensaciones económicas a Ucrania para no debilitar el apoyo bilateral. El episodio subraya asimismo la vulnerabilidad de las redes energéticas submarinas y el recurso a tácticas híbridas en el contexto de la guerra, sin que ningún Estado haya reivindicado la autoría intelectual del ataque.

Los gasoductos, construidos para transportar gas ruso directamente a Alemania, no estaban operativos en el momento del atentado: Nord Stream 1 había sido clausurado por Moscú y Nord Stream 2 nunca recibió la certificación tras la suspensión del proceso por Berlín días antes de la invasión. Las explosiones liberaron cantidades récord de metano y destruyeron tres de los cuatro conductos. Alemania es el único país que mantiene abierta la investigación, después de que Suecia y Dinamarca cerraran sus pesquisas en 2024. El juicio contra Kuznetsov está previsto para este otoño ante el Tribunal Superior Regional Hanseático de Hamburgo. Otros sospechosos identificados permanecen en libertad, algunos presuntamente en territorio ucraniano, mientras la instrucción sobre quién ordenó y financió la operación continúa abierta.