La Corte Suprema de Estados Unidos declinó este lunes examinar la apelación del presidente Donald Trump contra la sentencia civil que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación de la escritora E. Jean Carroll. La decisión, emitida sin explicación de motivos, convierte en definitivo el veredicto de 2023 que le impuso una indemnización de 5 millones de dólares y cierra la vía judicial para revertir esa condena. El fallo se produjo en una jornada en la que el tribunal también emitió otros pronunciamientos de alto calado, configurando un escenario que, desde la óptica de analistas constitucionales en Washington, refleja una redefinición de los límites del poder ejecutivo.

Trump reaccionó con dureza en su plataforma Truth Social, calificando el caso de “falso” y denunciando una “instrumentalización de la justicia” en su contra. Aseguró que continuará combatiendo lo que considera una persecución política y reiteró que nunca conoció a Carroll, salvo en una fotografía de los años ochenta. En contraste, la abogada de la demandante, Roberta Kaplan, afirmó que el fallo “confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado” y subrayó que todos los intentos de Trump por eludir responsabilidades han fracasado. La defensa del presidente había argumentado que el juez de primera instancia admitió pruebas indebidas, como la grabación de Access Hollywood y testimonios de otras mujeres, pero los tribunales federales ya habían respaldado esas decisiones.

La jornada en el alto tribunal tuvo otras dos derivaciones con impacto directo en la autoridad presidencial. Por un lado, en el caso Slaughter, la mayoría conservadora anuló un precedente de 1935 y reconoció al presidente la facultad de destituir sin causa a comisionados de la Comisión Federal de Comercio, un organismo regulador independiente. Trump celebró el fallo como “el mayor aumento del poder presidencial en cien años”. Por otro lado, la Corte bloqueó, al menos temporalmente, el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, al considerar que no se le había dado oportunidad suficiente de responder a las acusaciones. Desde la perspectiva de juristas europeos, esta dualidad ilustra una tensión entre la expansión del control del Ejecutivo sobre las agencias y la preservación de la independencia de la banca central.

El cierre del caso Carroll no agota el frente judicial del presidente con la escritora. Un segundo jurado le impuso en 2024 una indemnización adicional de 83,3 millones de dólares por difamación, veredicto que Trump también ha apelado y cuyo recurso sigue su curso. Además, según filtraciones recogidas por medios estadounidenses, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal para determinar si Carroll mintió bajo juramento acerca de la financiación de sus demandas, una pesquisa que sectores de la oposición demócrata interpretan como un uso de la fiscalía contra adversarios personales del presidente. Mientras, el tribunal supremo confirmó la validez de una ley de Misisipi que permite recibir votos por correo hasta cinco días después de las elecciones, un revés para la ofensiva republicana contra el sufragio postal que, según observadores latinoamericanos, evidencia la centralidad de las reglas electorales en la polarización estadounidense.