La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que los estados pueden prohibir a las estudiantes transgénero participar en equipos deportivos femeninos en escuelas y universidades públicas. La decisión, que revoca fallos de tribunales inferiores, permite que Idaho, Virginia Occidental y otros 25 estados con legislación similar exijan a los alumnos competir según el sexo asignado al nacer, sin que ello vulnere el Título IX —la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en la educación— ni la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda. El tribunal se pronunció por unanimidad sobre la compatibilidad con el Título IX, pero se dividió 6 a 3 en la cuestión constitucional, con los tres jueces progresistas en desacuerdo parcial.

La opinión mayoritaria, redactada por el juez conservador Brett Kavanaugh, sostiene que los estados pueden reservar los deportes femeninos para “mujeres biológicas” y que la Constitución no exige una reconfiguración del deporte femenino en todo el país. Kavanaugh argumentó que las diferencias físicas inherentes entre los sexos justifican la separación de equipos y que las legislaturas estatales están mejor posicionadas que los tribunales para evaluar las consideraciones médicas y científicas en conflicto. En su disidencia, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que la decisión “se basa en suposiciones, no en hechos” y que inflige un daño a un grupo vulnerable sin otorgarle la oportunidad plena de litigar sus argumentos.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump celebró el fallo como una “gran victoria” y publicó en su red Truth Social que la medida “saca de la mesa esa situación ridícula”. La administración republicana, que ha impulsado órdenes ejecutivas para restringir la participación de personas transgénero en el deporte y en las fuerzas armadas, respaldó a los estados demandados. En contraste, organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificaron la decisión de “desgarradora” y advirtieron que profundiza la exclusión de una minoría ya estigmatizada. Analistas jurídicos en Washington señalan que el fallo se inscribe en una serie de reveses para los derechos de las personas transgénero en el máximo tribunal, que en 2025 ya había permitido a los estados prohibir los tratamientos de afirmación de género para menores.

El impacto inmediato recae sobre las dos demandantes: Becky Pepper-Jackson, una estudiante de secundaria de Virginia Occidental que compite en lanzamiento de bala y disco, y Lindsay Hecox, una universitaria de Idaho que había intentado ingresar al equipo de atletismo. Pepper-Jackson, quien recientemente ganó un campeonato estatal femenino, no podrá seguir compitiendo en esa categoría. El fallo no impone una prohibición nacional, pero refuerza la autoridad de los estados para legislar en la materia y reduce las posibilidades de éxito de futuras impugnaciones judiciales basadas en la Constitución o el Título IX. Se espera que la decisión influya en litigios pendientes sobre el acceso de atletas transgénero a competiciones universitarias y en la política deportiva de organismos como la NCAA, que ya había restringido su participación.