La Corte Suprema de Estados Unidos dará a conocer este martes su decisión sobre el caso Trump versus Barbara, que examina la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento. El fallo, previsto para después de las 10:00 hora del Este, se produce en la última jornada del período de sesiones del tribunal y coincide con la publicación de otras dos sentencias de alto perfil: una sobre la prohibición de que atletas transgénero compitan en equipos femeninos escolares y universitarios, y otra acerca de los límites al gasto de los partidos políticos en coordinación con candidatos.

La disputa central gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en el país y “sujeta a su jurisdicción” es ciudadana. La administración Trump sostiene que esa cláusula excluye a los hijos de quienes se encuentran en territorio estadounidense de forma ilegal o temporal, y argumenta que la ciudadanía automática fomenta la inmigración irregular y el llamado “turismo de nacimiento”. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y los demandantes —entre ellos una inmigrante hondureña identificada como Barbara— defienden que la enmienda, concebida tras la Guerra Civil para garantizar derechos a los antiguos esclavos, otorga la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense sin excepciones basadas en el estatus migratorio de los padres. Durante las audiencias orales de abril, varios magistrados, incluida la jueza progresista Elena Kagan, mostraron escepticismo hacia la posición del Gobierno, al recordar que la tradición del ius soli se remonta al derecho consuetudinario inglés y fue incorporada sin limitaciones a la Constitución.

De prosperar la orden ejecutiva, se calcula que cientos de miles de niños nacidos anualmente en Estados Unidos quedarían sin reconocimiento como ciudadanos, lo que crearía una subclase permanente de apátridas, según advierten organizaciones de derechos civiles. El impacto sería especialmente significativo para las comunidades migrantes latinoamericanas, dado que la mayoría de los países de la región también consagran el principio de ius soli y que Estados Unidos es el principal destino de la emigración desde México, Centroamérica y el Caribe. Analistas en Washington señalan que el tribunal podría emitir un fallo amplio sobre el fondo constitucional o una decisión más acotada en términos estatutarios, lo que determinaría el alcance del precedente. La propia administración ha reconocido no disponer de cifras precisas sobre la magnitud del “turismo de nacimiento”, uno de los ejes de su argumentación.

La sentencia sobre ciudadanía por nacimiento se suma a un cierre de ciclo judicial en el que la mayoría conservadora —con tres jueces designados por Trump— ha ampliado las prerrogativas presidenciales, como ocurrió el lunes al autorizar el despido discrecional de directores de agencias reguladoras independientes, pero también ha puesto límites al Ejecutivo, por ejemplo al bloquear la destitución de una gobernadora de la Reserva Federal y al fallar en contra del presidente en un caso sobre voto por correo. En paralelo, el fallo sobre atletas transgénero examinará si estados como Idaho y Virginia Occidental pueden vedar la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas, un debate que enfrenta la protección de la igualdad con las competencias estatales en materia educativa. Las opiniones se harán públicas en una sesión que definirá el rumbo de derechos civiles fundamentales y que será seguida con atención desde las capitales latinoamericanas hasta Bruselas.