El Consejo de Paz (Board of Peace), impulsado por la Administración estadounidense, anunció el arribo de los primeros vehículos tácticos a la base logística Endurance, situada en territorio israelí cerca del paso de Kerem Shalom, como paso inicial del despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para Gaza. El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, expresó su expectativa de que esta presencia militar extranjera sirva para “separar a nuestro pueblo de las tropas de ocupación israelíes” y poner fin a las violaciones, condicionando su respaldo a la implementación efectiva del alto el fuego y la entrada de un comité nacional de gestión. Sin embargo, el mismo movimiento islamista emitió un comunicado paralelo de condena a los planes estadounidenses de excluir a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) del futuro marco de reconstrucción, al considerar que ello atenta contra el derecho al retorno y la memoria de la Nakba.

Desde la óptica de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), reunida en Yeda, se reforzó esa defensa de la UNRWA como “testigo internacional” de la causa palestina y se rechazó cualquier intento de debilitar, sustituir o eliminar su mandato, establecido por la resolución 302 de la Asamblea General de la ONU en 1949. La OCI instó a los Estados miembros y donantes a mantener el apoyo financiero y político a la agencia, subrayando la unidad jurídica y geográfica del territorio palestino ocupado. En contraste, filtraciones recogidas por agencias internacionales indican que el Consejo de Paz planea solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU que presione a Hamás para su desarme, condición que Israel considera irrenunciable para cualquier retirada de tropas y para el avance a la segunda fase del plan.

El despliegue logístico contrasta con el estancamiento político: el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), concebido como autoridad tecnocrática palestina sustitutoria del gobierno de Hamás, permanece fuera del enclave y sin fecha de entrada. Analistas en medios israelíes señalan que la opción de contingencia —crear “comunidades temporales” en la Zona Verde bajo control militar israelí— plantea interrogantes sobre la voluntad de la población civil de trasladarse a esas áreas y sobre la legitimidad que el NCAG podría perder al operar desde ellas. La secuencia negociadora se encuentra atrapada: Israel exige el desarme total antes de replegarse, mientras Hamás supedita cualquier discusión sobre su arsenal a la plena aplicación de la primera fase del alto el fuego y a garantías internacionales.

El contexto humanitario añade presión a las gestiones diplomáticas. Según fuentes palestinas, la ofensiva militar israelí iniciada en octubre de 2023 ha causado más de 73.000 muertos y la destrucción masiva de infraestructuras civiles, lo que convierte la reconstrucción en una necesidad urgente. La ISF, que ya cuenta con oficiales marroquíes en su cuartel general en el sur de Israel, tiene previsto asumir tareas de seguridad, distribución de ayuda y escolta de materiales de reconstrucción una vez que se materialice la retirada israelí. El Consejo de Paz espera que la presión del Consejo de Seguridad desbloquee la situación, mientras la OCI insiste en que la continuidad de la UNRWA es innegociable. El expediente queda a la espera de avances concretos en el terreno y de una salida al nudo gordiano del desarme.