La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense. Por seis votos contra tres, el tribunal reafirmó que la Decimocuarta Enmienda, interpretada de manera ininterrumpida desde el caso Wong Kim Ark de 1898, garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento a toda persona nacida en suelo estadounidense, con independencia del estatus migratorio de sus padres. La decisión deja sin efecto una de las medidas emblemáticas del segundo mandato de Trump y mantiene la protección constitucional para unos 255.000 recién nacidos al año, según estimaciones de centros de estudios migratorios.

Desde la Casa Blanca, el presidente calificó el fallo como “lamentable para el país” y urgió al Congreso a legislar para restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, una vía que el juez Brett Kavanaugh —designado por el propio Trump— sugirió como posible en su voto concurrente. En círculos conservadores y en la vicepresidencia se advirtió que la sentencia incentivará el llamado “turismo de nacimiento”, mientras que organizaciones de derechos civiles y la bancada demócrata en el Capitolio celebraron la preservación de un principio que consideran fundacional de la identidad estadounidense. Analistas en América Latina observan con atención el debate, dado que la mayoría de los países de la región —incluidos México, Brasil y Argentina— consagran el ius soli en sus ordenamientos, y la eventual modificación en Estados Unidos podría reconfigurar los flujos migratorios y las estrategias de diáspora.

En una segunda sentencia, dictada el mismo día, el alto tribunal avaló por seis votos contra tres las leyes estatales que prohíben a las mujeres transgénero competir en equipos deportivos femeninos en escuelas y universidades públicas. La mayoría conservadora, con la ponencia del juez Kavanaugh, sostuvo que tales restricciones no violan el Título IX ni la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, al entender que los estados pueden reservar las categorías deportivas femeninas para personas de sexo biológico femenino. La decisión consolida normativas ya vigentes en 27 estados de mayoría republicana y fue recibida por el presidente Trump como una “gran victoria”. Las juezas progresistas discreparon parcialmente y advirtieron que el fallo se apoya en “suposiciones más que en hechos”, infligiendo un daño a una minoría vulnerable sin el debido desarrollo probatorio.

Ambos pronunciamientos se producen al cierre de un período judicial en el que la Corte, de mayoría conservadora, ha expandido significativamente las prerrogativas presidenciales en otros ámbitos —como la capacidad de destituir a funcionarios de agencias independientes—, al tiempo que ha frenado iniciativas de Trump en materia arancelaria y migratoria. En el plano deportivo, la decisión se alinea con la reciente prohibición del Comité Olímpico Internacional de excluir a mujeres trans de las categorías femeninas de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028, lo que refleja un giro restrictivo con eco en federaciones internacionales.

El dossier legislativo queda abierto: mientras la Casa Blanca impulsa proyectos en el Congreso para limitar la ciudadanía por nacimiento, cualquier cambio sustancial requeriría una enmienda constitucional o una nueva ley que, de aprobarse, sería objeto de inmediatos recursos judiciales. En el frente deportivo, se espera que los estados sin prohibiciones propias enfrenten presiones políticas para adoptar medidas similares, mientras las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI anuncian que continuarán litigando en instancias inferiores.