La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los tribunales inferiores no pueden bloquear la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria. La sentencia, emitida en el caso Mullin v. Doe, otorga al Ejecutivo la facultad de revocar esa protección humanitaria sin que los beneficiarios puedan obtener una suspensión judicial mientras litigan. Como consecuencia inmediata, los permisos de trabajo de cientos de miles de haitianos y miles de sirios quedan al borde de la caducidad y sus titulares, en situación migratoria irregular, podrían ser deportados a países que el propio Departamento de Estado considera inseguros por la violencia, el crimen y el terrorismo.

Desde la administración Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Marco Mullin, instó a los amparados por el TPS a buscar la residencia permanente o abandonar el país, y ofreció un billete de avión y unos 2.100 dólares para facilitar el retorno. En el ámbito local, el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, advirtió de que la salida forzosa de trabajadores haitianos perjudicaría la economía estatal y dejaría sin personal a sectores como el sanitario, al tiempo que subrayó que no existen condiciones de seguridad para el regreso. En contraste, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que su administración no acatará el fallo, lo que llevó al senador demócrata John Fetterman a alertar sobre una “crisis constitucional” y a reprochar a su partido que no condene esa desobediencia.

El fallo sienta un precedente que podría acelerar la eliminación del TPS para otras nacionalidades. En la actualidad, diecisiete países cuentan con esa designación, y el gobierno de Trump ya había revocado la protección para trece de ellos —entre ellos Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal y Camerún—, mientras que solo Líbano recibió una prórroga automática. Analistas en Washington señalan que la decisión judicial reduce drásticamente la capacidad de las organizaciones proinmigrantes para impugnar las revocaciones, lo que allana el camino para que el Ejecutivo ponga fin a un programa que, según sus críticos, se había convertido en una vía de residencia permanente de facto. En comunidades del Medio Oeste como Springfield, Ohio, la llegada de miles de haitianos —muchos de ellos procedentes de terceros países como Brasil o Chile, y no directamente de Haití— generó tensiones por la presión sobre la vivienda y las escuelas, mientras que los empleadores valoraban una mano de obra que consideran subsidiada por el contribuyente.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración calificó la sentencia de “pérdida catastrófica”. En paralelo, el máximo tribunal emitió otro fallo, Mullin v. Al Otro Lado, que niega el derecho a solicitar asilo a los migrantes rechazados en la frontera antes de ingresar a territorio estadounidense. Ambas decisiones refuerzan la estrategia de la Casa Blanca de restringir las vías de protección temporal y acelerar las deportaciones. El calendario concreto de las revocaciones sigue sin definirse, pero el DHS ha dejado claro que los beneficiarios deben regularizar su situación o prepararse para salir. Se espera que en las próximas semanas los tribunales inferiores desestimen las demandas pendientes contra la eliminación del TPS, lo que abriría la puerta a la ejecución de las órdenes de salida.