La Comisión Europea desmintió este 30 de junio que esté preparando un cese completo de la emisión de visados turísticos para ciudadanos rusos, una posibilidad que había sido reportada por medios rusos citando fuentes comunitarias. Un portavoz del Ejecutivo comunitario precisó que el trabajo en curso se limita a “medidas selectivas” para adaptar el régimen de visados a las amenazas a la seguridad que podrían representar personas que hayan participado en la operación militar en Ucrania. Estas restricciones, enmarcadas en el 21º paquete de sanciones, no implican un bloqueo generalizado, pero desde Bruselas no se ha detallado el mecanismo para identificar a los “excombatientes” afectados.

La versión de la Comisión contrasta con las declaraciones de algunos actores políticos. El eurodiputado Fernand Kartheiser afirmó que el objetivo de las discusiones sobre un veto total es “desestabilizar a la sociedad rusa” en vísperas de las elecciones a la Duma Estatal. Desde Moscú, el vicepresidente del comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Alexéi Chepa, calificó la hipotética prohibición de “absurda” pero factible, y sostuvo que el perjuicio económico recaería sobre los países europeos. En paralelo, la Cancillería rusa ha señalado que no aplicará represalias simétricas, sino medidas basadas en el interés nacional que no castiguen a los ciudadanos extranjeros por su nacionalidad.

La viabilidad jurídica de un veto total es limitada. La política de visados es competencia de cada Estado miembro, y la Comisión solo puede coordinar criterios y emitir recomendaciones. Esta fragmentación explica la persistencia de enfoques divergentes: mientras Italia, Francia y España continúan emitiendo visados turísticos —incluidos algunos de entradas múltiples—, países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania suspendieron esa práctica ya en 2022. Según datos de la industria, en 2024 se expidieron alrededor de 500.000 visados Schengen a rusos, una cifra muy inferior a los 4 millones de 2019, pero que aún concentra la mayor parte de la demanda en los consulados de los países mediterráneos, cuyo sector turístico depende en parte de ese flujo.

El endurecimiento progresivo del régimen de visados comenzó con la suspensión del acuerdo de facilitación en 2022, que elevó las tasas de 35 a 80 euros y alargó los plazos de tramitación. En 2025, la Comisión restringió la emisión de visados de entradas múltiples para la mayoría de los rusos, con excepciones para familiares de ciudadanos comunitarios, transportistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos. La propuesta actual de medidas selectivas deberá ser debatida con los Estados miembros en el marco del 21º paquete de sanciones, sin que se haya fijado una fecha para su eventual adopción. Expertos del sector turístico ruso consideran improbable un cierre total a corto plazo, pero anticipan un endurecimiento gradual y asimétrico según el país emisor.