El Servicio Federal Antimonopolio (FAS) de Rusia ha abierto un procedimiento administrativo contra seis cadenas independientes de estaciones de servicio en la región de Moscú, a las que acusa de haber elevado de forma simultánea los precios minoristas de la gasolina y el diésel. La decisión, comunicada el 6 de julio, se extiende a las compañías AIST, Toplivny Sindikat, Serpujovnefteproduktservis, Vitaoil, Elegant y un empresario individual. De manera paralela, las direcciones territoriales del FAS en Oremburgo y Sarátov han iniciado actuaciones contra otros operadores por prácticas similares en los mercados mayorista y minorista de combustible.

Desde la óptica del regulador ruso, las subidas coordinadas constituyen indicios de una infracción del artículo 11 de la ley de defensa de la competencia, que prohíbe los cárteles y los acuerdos entre rivales. En el caso de la empresa Alkorr, gestora de la red Toréko en el distrito de Engels, el FAS de Sarátov le ha dirigido una advertencia formal por abuso de posición dominante, al considerar que el encarecimiento de las gasolinas AI-92 y AI-95 podría imponer condiciones contractuales desfavorables a los consumidores. La compañía tiene de plazo hasta el 31 de julio para revertir los incrementos. En Oremburgo, la investigación apunta a un presunto pacto entre tres distribuidores para manipular el precio del diésel al por mayor.

Estas intervenciones se producen en un momento de tensiones en el mercado ruso de combustibles. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por agencias moscovitas, los ataques con drones ucranianos contra infraestructuras de refinado han reducido la producción y generado interrupciones en la cadena de suministro. El presidente Vladímir Putin reconoció una “cierta escasez” de gasolina, con reservas totales de 1,7 millones de toneladas métricas, un 4 % inferiores a las del mismo período del año anterior. En respuesta, numerosas regiones y la anexionada Crimea han introducido restricciones a la venta de combustible, mientras que el viceprimer ministro Alexánder Novak ha encargado al Ministerio de Energía y a las petroleras medidas para estabilizar la situación, sin descartar importaciones si se alcanzan precios aceptables.

El procedimiento en curso se inscribe en una estrategia más amplia del FAS, que desde 2023 ha multiplicado las inspecciones en más de 12.000 gasolineras de todo el país para detectar pactos de precios y abusos de mercado. El organismo ha advertido de que mantendrá una vigilancia continua sobre la evolución de los precios, en un contexto en el que, según datos de la agencia estadística Rosstat, la gasolina se encareció un 1,6 % en la última semana de junio y acumula una subida del 11,6 % desde enero. Las empresas investigadas deberán presentar sus alegaciones antes de que el FAS decida sobre posibles sanciones, mientras el Gobierno ruso evalúa nuevas medidas para garantizar el abastecimiento interno durante la temporada estival y la campaña agrícola.