El 1 de julio de 2026 entran en vigor ajustes normativos en al menos ocho países que modifican las condiciones de viaje, los costos de documentación y los controles financieros y migratorios. Las medidas, adoptadas por gobiernos de Asia, Europa y América, reflejan prioridades dispares: desde la lucha contra el fraude y la inmigración irregular hasta la gestión del turismo masivo y la digitalización de servicios.

En Rusia, la Duma Estatal implementa un paquete de leyes orientado, según el presidente de la cámara baja Viacheslav Volodin, a perfeccionar la política migratoria y elevar la seguridad. Las tasas para la ciudadanía rusa se multiplican por doce —de 4.200 a 50.000 rublos—, mientras el permiso de residencia temporal sube de 1.920 a 15.000 rublos. Al mismo tiempo, los bancos y microfinancieras obtienen acceso ampliado a los historiales crediticios para prevenir fraudes, y los padres podrán controlar las cuentas de sus hijos adolescentes. Desde la óptica de Moscú, estas reformas buscan blindar a la población frente a estafas y reforzar el control sobre los flujos migratorios, aunque analistas en Europa central advierten que el encarecimiento de trámites puede desincentivar la regularización.

En India, el Ministerio de Asuntos Exteriores eleva las tarifas de pasaporte a partir de la misma fecha. El pasaporte estándar de 36 páginas pasa de 1.500 a 2.500 rupias, y el servicio urgente Tatkal sube de 3.500 a 5.000 rupias. Las embajadas indias en Omán y otros países ajustan sus aranceles consulares en consecuencia. El gobierno de Nueva Delhi no ha explicitado las razones del incremento, pero fuentes del sector turístico señalan que el alza acumulada puede impactar a familias que tramitan varios documentos a la vez. En paralelo, el Banco de la Reserva de India activa un nuevo marco contra la venta engañosa de productos financieros, que obliga a reembolsar y compensar a los clientes afectados, y se flexibiliza la actualización gratuita del correo electrónico en el sistema Aadhaar durante seis meses.

Japón triplica su impuesto de salida internacional, que pasa de 1.000 a 3.000 yenes por persona. La decisión, comunicada por el gobierno de Tokio, se justifica por la necesidad de financiar medidas contra la saturación turística y promover destinos fuera de las grandes ciudades. La recaudación, que en el año fiscal 2024 alcanzó un récord de 52.500 millones de yenes, podría llegar a 130.000 millones en 2026. El tributo se aplica tanto a extranjeros como a ciudadanos japoneses que abandonan el país, con exenciones para menores de dos años y pasajeros en tránsito.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado lanza el 6 de julio un pasaporte conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia, disponible solo con cita presencial en Washington D.C. y con un recargo de 60 dólares para trámites urgentes. Al mismo tiempo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene la vigencia de la Tarjeta de Cruce Fronterizo para mexicanos, que permite ingresar por tierra sin visa ni pasaporte en la zona fronteriza. Estos movimientos coinciden con ajustes menores en Taiwán —más premios en la lotería de facturas electrónicas— y en Suecia, donde se reduce el impuesto a los combustibles. El conjunto de medidas, aunque heterogéneo, subraya una tendencia global a revisar las cargas administrativas y fiscales que recaen sobre viajeros y residentes. Las próximas etapas incluyen, en Rusia, el endurecimiento gradual de la verificación de ingresos para créditos hasta 2027, y en India, la fecha límite del 31 de julio para la declaración de impuestos.