Japón puso en marcha este miércoles un drástico encarecimiento de sus tarifas migratorias: el impuesto de salida —conocido como “sayonara tax”— pasó de 1.000 a 3.000 yenes (unos 18 dólares) para todo viajero que abandone el país por aire o mar, y las tasas de visado se quintuplicaron, situándose en 15.000 yenes para la entrada única y 30.000 para la múltiple. Se trata del primer aumento de las tarifas consulares desde 1978, una decisión que Tokio justifica por la necesidad de gestionar un volumen récord de visitantes: 42,7 millones de turistas internacionales en 2025, la cifra más alta de su historia.

Los fondos recaudados se destinarán a ampliar la infraestructura de control migratorio —como puertas automáticas con reconocimiento facial en aeropuertos y puertos—, a la preservación de sitios históricos y a campañas de promoción de destinos menos concurridos, con el fin de descongestionar ciudades como Tokio, Kioto y Osaka. Desde la óptica de analistas en el Sudeste Asiático, la medida refleja un giro más amplio: el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, presionado por un creciente sentimiento antiinmigración y el auge de partidos que califican la inmigración de “invasión silenciosa”, ha endurecido también las condiciones de la visa de gestor de negocios, elevando el capital requerido de 5 a 30 millones de yenes (185.000 dólares).

Ese endurecimiento está forzando a miles de pequeños empresarios extranjeros a plantearse el cierre o la salida del país. En el barrio tokiota de Okubo, la nepalesa Budhathoki Samjhana, dueña de tres restaurantes, asegura que no podrá reunir el nuevo capital y teme por el futuro de su hija, recién llegada tras una década de separación. Una petición que suspende la aplicación de las nuevas reglas ha reunido más de 67.800 firmas, mientras que el Ministerio de Justicia mantiene su plan de “cero residentes ilegales”.

El endurecimiento japonés contrasta con la flexibilización que se observa en otros polos migratorios. Emiratos Árabes Unidos amplió el acceso sin visado previo a ciudadanos de Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Kenia y Sudáfrica que viajen con Emirates y posean residencia en países como la UE, Japón o Estados Unidos, al tiempo que estudia un permiso de 60 días para indios con visados estadounidenses o europeos. En dirección opuesta, Cabo Verde suspendió el visado a la llegada para nacionales de 96 países —entre ellos 28 africanos y 22 americanos— y exige ahora un visado consular con entrevista presencial, mientras que Estados Unidos lanzó un programa piloto que permite acelerar la cita de visado por 750 dólares adicionales.

El mosaico normativo obliga a los viajeros a revisar requisitos con antelación. En Japón, los titulares de visados de gestor disponen de un período de gracia de tres años para adaptarse a las nuevas exigencias de capital; en Emiratos, los visitantes que se beneficiaron de la exención temporal de multas por las interrupciones aéreas regionales tienen hasta el 9 de julio para regularizar su situación o abandonar el país. La tendencia apunta a una selectividad creciente: mientras unos países encarecen la entrada para gestionar flujos, otros simplifican trámites para captar turismo e inversión cualificada.