El decreto del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de Italia que establece por primera vez criterios de homologación para los radares de velocidad entró en vigor la medianoche del 12 de julio, lo que obliga a desactivar 1.204 dispositivos en todo el territorio nacional. La norma, publicada en la Gazzetta Ufficiale, pone fin a 34 años de vacío reglamentario durante los cuales los equipos solo recibían una aprobación administrativa, sin el proceso de homologación técnica exigido por el Código de Circulación. Según el texto, 2.856 aparatos listados en un anexo se consideran automáticamente homologados y podrán seguir operando, mientras que el resto deberá someterse a nuevas pruebas para ser reactivados.

Desde la comandancia de la policía local de Verona y la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) se advierte que la desconexión coincide con el inicio del éxodo estival y podría transmitir un mensaje de impunidad a los conductores. Juristas consultados por la prensa italiana señalan que un decreto ministerial no puede modificar una ley primaria como el Código de Circulación, por lo que las multas emitidas con equipos no homologados seguirían siendo recurribles ante la Corte de Casación, que en decenas de fallos desde 2024 ha diferenciado aprobación de homologación. El ministro Matteo Salvini, impulsor de la medida, ha defendido la necesidad de ordenar lo que califica como “jungla de radares” utilizados por los municipios con fines recaudatorios.

En paralelo, la Cámara de Diputados de Brasil se prepara para votar tras el receso parlamentario una reforma integral del Código de Tránsito. El proyecto, que incorpora 63 de las 270 enmiendas presentadas, reduce de 21 a 20 años la edad mínima para conducir autobuses y camiones, permite que adolescentes de 16 años manejen automóviles y motocicletas de hasta 150 cc en perímetros urbanos bajo supervisión, y prohíbe los radares ocultos al exigir señalización previa. Especialistas en seguridad vial brasileños advierten que la falta de definición precisa de los límites urbanos y la dificultad de fiscalización podrían aumentar la mortalidad, mientras que el coordinador de la ONG SOS Estradas critica que eliminar el factor sorpresa de los radares portátiles beneficia a quienes tienen intención de infringir las normas.

En Estados Unidos, dos iniciativas regulatorias reflejan tensiones similares entre innovación tecnológica y seguridad. La legislatura de Nueva Jersey debate un proyecto que obligaría a los vehículos autónomos a incorporar, además de cámaras, al menos otros dos tipos de sensores —como radar y lidar—, lo que según analistas del sector complicaría el despliegue de los robotaxis de Tesla, basados exclusivamente en visión artificial. A nivel federal, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) propuso eliminar el requisito de pedal de freno manual para vehículos totalmente autónomos, manteniendo las exigencias de rendimiento de frenado. Fabricantes como Waymo y Zoox habían reclamado durante años una actualización normativa, mientras que defensores de la seguridad vial piden que cualquier flexibilización vaya acompañada de nuevos estándares de supervisión.

El decreto italiano ya está en vigor y los recursos judiciales podrían definir su alcance real. En Brasil, la votación en la comisión especial de la Cámara está prevista para después del receso de mediados de año, y el texto aún deberá pasar por el plenario. En Estados Unidos, la propuesta de la NHTSA inicia un período de comentarios públicos, y el proyecto de Nueva Jersey podría sentar un precedente para otros estados. Los tres frentes comparten un mismo dilema: cómo adaptar marcos legales concebidos para una movilidad analógica a una realidad atravesada por la digitalización y la automatización.