
Irán y Omán avanzan en la gestión del estrecho de Ormuz mientras Teherán descarta reuniones directas con Washington
La primera reunión del comité conjunto sobre el paso estratégico coincide con la negativa iraní a negociar cara a cara con Estados Unidos en Doha y con el debate sobre el cobro de servicios marítimos.
Irán y Omán celebraron la primera sesión del comité conjunto dedicado a la administración futura del estrecho de Ormuz, según confirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi. En paralelo, Teherán negó que vaya a mantener reuniones directas con representantes estadounidenses en Doha, pese a que la Casa Blanca anunció el desplazamiento del enviado especial Steve Witkoff y de Jared Kushner a la capital catarí. La delegación iraní, de nivel técnico, se centrará en el seguimiento de los fondos bloqueados y en la aplicación del memorando de entendimiento de Islamabad, siempre a través de la mediación de Catar, precisó Gharibabadi.
Las posiciones sobre el modelo de gestión del estrecho muestran alineamientos parciales y divergencias claras. El ministro omaní de Exteriores, Badr al-Busaidi, declaró que Mascate no apoya la imposición de peajes de tránsito, por considerarlos contrarios al derecho internacional, pero sí está abierto a debatir el cobro de tarifas por servicios marítimos concretos —seguridad a la navegación, prevención de la contaminación o respuesta a emergencias—, tomando como referencia los estrechos de Malaca y Singapur. Gharibabadi, por su parte, subrayó que Irán y Omán comparten la idea de percibir ingresos por los servicios prestados y advirtió de que, si el sultanato no coopera, Teherán impulsará en solitario el nuevo esquema de administración. Rechazó además cualquier participación extranjera en el desminado del estrecho, incluida la oferta francesa, y recordó que la cláusula quinta del memorando de Islamabad reserva esa tarea exclusivamente a Irán durante un período de transición de treinta días.
Un análisis difundido por el centro The Conversation y reproducido por medios iraníes e internacionales sostiene que, desde el punto de vista jurídico, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar impide a los Estados ribereños suspender el derecho de paso en tránsito o condicionarlo al pago de peajes. Añade que, en la práctica, la anchura del estrecho —unos 39 kilómetros en su punto más angosto— y el hecho de que las principales vías de tráfico marítimo discurran por aguas omaníes dificultarían la imposición coactiva de cualquier gravamen sin recurrir a la amenaza militar. El mismo análisis subraya que el estrecho de Ormuz no es equiparable a canales artificiales como Suez o Panamá, donde el control del tránsito es total y el cobro de peajes está institucionalizado.
El memorando de Islamabad, que establece un alto el fuego temporal, contempla un plazo de sesenta días durante los cuales Irán se compromete a garantizar el paso seguro de buques comerciales sin costo alguno. En ese lapso, el comité bilateral deberá negociar el régimen permanente de administración y los servicios asociados, en consulta con otros países ribereños del Golfo. Gharibabadi informó de que un grupo de trabajo iraní supervisa la aplicación del acuerdo y denunció violaciones en lo relativo al Líbano, donde exigió la retirada de las fuerzas israelíes. Los próximos pasos incluyen la continuación de las conversaciones técnicas en Doha sobre los activos bloqueados y nuevas reuniones del comité Irán-Omán para definir el marco de gobernanza del estrecho.
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Irán y Omán negocian un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, destacando la responsabilidad conjunta y la posibilidad de tarifas voluntarias por servicios. Teherán rechaza cualquier injerencia extranjera y presenta las conversaciones como una evolución natural de sus derechos soberanos, descartando como hipotéticas las afirmaciones sobre peajes de tránsito.
Irán amenaza con administrar unilateralmente el estrecho de Ormuz si Omán no coopera, lo que genera alarma por posibles perturbaciones. Los analistas sostienen que la capacidad legal y práctica de Teherán para imponer peajes es débil, y la medida se considera una táctica de presión más que una reivindicación legítima.
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