La publicación simultánea de un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la Franja de Gaza y de un documento de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem sobre Cisjordania ha puesto de relieve un patrón de violencia contra menores palestinos y una expansión acelerada de los asentamientos. El primer reporte, que abarca de octubre de 2023 a marzo de 2026, concluye que existen motivos razonables para creer que las fuerzas israelíes atacaron deliberadamente a niños, con más de 20.000 fallecidos y 44.000 heridos, una escala que la comisión califica de “sin precedentes en los conflictos modernos”. El segundo, centrado en Cisjordania, documenta la muerte de al menos 240 menores desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría por disparos de soldados, en un contexto que B'Tselem describe como una política que otorga “licencia para matar” sin rendición de cuentas.

Desde la óptica de Naciones Unidas, el secretario general António Guterres condenó en su informe trimestral la “expansión incesante y la aceleración de los asentamientos israelíes” en Cisjordania, incluido el proyecto E1, que según advierte “representa una amenaza existencial para la solución de dos Estados” al dividir el territorio en dos mitades. En la misma línea, el coordinador especial adjunto para el proceso de paz, Ramiz Alakbarov, reiteró ante el Consejo de Seguridad que todos los asentamientos carecen de validez legal y constituyen una violación flagrante del derecho internacional, y urgió a su cese inmediato. Cinco países europeos miembros del Consejo —Francia, Reino Unido, Grecia, Letonia y Dinamarca— se sumaron a la condena y exigieron a Israel garantizar la rendición de cuentas por la violencia de los colonos.

El gobierno israelí rechazó de plano el informe de la comisión de la ONU y, a través de un portavoz castrense, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel no atacan intencionadamente a civiles y que todas las denuncias son examinadas. Respecto a Cisjordania, el ejército sostiene que el 96% de los palestinos abatidos entre 2023 y 2024 estaban implicados en actividades terroristas. Sin embargo, B'Tselem calificó esa afirmación de “mentira flagrante” tras analizar los casos de menores fallecidos en 2025 y no hallar evidencia de que representaran una amenaza. La organización Yesh Din corroboró la impunidad al señalar que ningún ciudadano israelí ha sido imputado por la muerte de un palestino desde octubre de 2023.

Los informes coinciden en señalar que la destrucción de infraestructura esencial —hospitales, escuelas y orfanatos— y las restricciones al acceso humanitario agravan la crisis. Guterres alertó sobre la mayor crisis de desplazamiento en Cisjordania desde 1967, con comunidades enteras, incluidas beduinas, forzadas a abandonar sus tierras por la violencia de colonos, las demoliciones y las operaciones militares prolongadas. En Gaza, pese a una ligera mejora humanitaria tras la resolución 2803 del Consejo de Seguridad, el 70% de la población carece de refugio adecuado y las necesidades siguen siendo inmensas, según Alakbarov.

El dossier permanece abierto en el Consejo de Seguridad, donde se espera que continúen las discusiones sobre la aplicación de la resolución 2803 y el fortalecimiento de la Autoridad Palestina. La comisión de investigación de la ONU, por su parte, ha indicado que su informe busca preservar pruebas para futuros procesos de rendición de cuentas, aunque carece de capacidad para iniciar procesamientos por sí misma.