El fiscal general de Hungría, Gábor Bálint Nagy, presentó su dimisión este miércoles, efectiva a partir del 25 de agosto, en medio de una ofensiva del nuevo gobierno de Péter Magyar para desplazar a los altos funcionarios designados durante la era de Viktor Orbán. Casi en simultáneo, el ex primer ministro anunció un movimiento de “resistencia” pacífica y acusó al Ejecutivo de instaurar una “tiranía” tras la aprobación de una reforma constitucional que puso fin anticipado al mandato del presidente Tamás Sulyok, también cercano a Orbán.

Desde el gobierno de Magyar, que obtuvo una supermayoría parlamentaria en las elecciones de abril, se sostiene que las destituciones y los cambios legales responden al mandato electoral de combatir la corrupción sistémica y restaurar el Estado de derecho, erosionado —según la óptica de Bruselas y de numerosos observadores europeos— durante los dieciséis años de administración de Fidesz. El primer ministro ha calificado a los funcionarios salientes como “marionetas” de un entramado que, en su opinión, blindó las instituciones en beneficio del partido de Orbán. En contraste, el exmandatario y su formación denuncian una persecución política: la reforma constitucional, que introduce un límite de doce años de mandato parlamentario con efecto retroactivo, impediría a la mitad de los diputados de la coalición opositora presentarse a los comicios de 2030, lo que Orbán equipara con el fin de la democracia.

La dimisión del fiscal general se produce después de que la semana pasada el presidente Sulyok firmara la enmienda que acortaba su propio mandato, y en un contexto de registros policiales a las sedes de los servidores informáticos de Fidesz por una investigación de malversación en el Fondo Nacional de Cultura. Analistas en Europa central observan que la velocidad de las reformas —que incluyen la suspensión de los informativos de la televisión pública y el cierre de la Oficina de Protección de la Soberanía, considerada por la oposición anterior como un instrumento de intimidación— genera tanto expectativas de normalización democrática como inquietud por el uso expansivo de la mayoría parlamentaria. Una encuesta reciente sitúa el apoyo a Tisza en el 60 %, frente al 18 % de Fidesz, lo que refleja un respaldo ciudadano contundente al cambio de ciclo.

El fiscal general saliente justificó su decisión en la necesidad de preservar la independencia del ministerio público frente a lo que describió como “luchas vergonzosas y políticamente motivadas”. Está previsto que el Parlamento elija a un nuevo presidente en las próximas semanas, mientras el gobierno continúa la reestructuración de los órganos judiciales y de control. Por su parte, Fidesz ha anunciado que documentará presuntas violaciones legales y asistirá a las “víctimas del régimen autoritario”, en un escenario de polarización que mantiene a Hungría bajo la atenta mirada de las instituciones europeas.