El viernes 26 de junio de 2026, los gobiernos de Líbano e Israel firmaron en Washington un “Acuerdo Marco Tripartito” con la mediación y el respaldo de Estados Unidos. El texto establece un proceso secuencial: el ejército libanés asumirá la soberanía efectiva sobre la totalidad del territorio tras la verificación del desarme de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura, lo que permitirá un redespliegue gradual de las fuerzas israelíes fuera de Líbano. Asimismo, las partes se comprometen a poner fin al estado de guerra, a resolver las controversias mediante negociaciones bilaterales directas y a crear un grupo de coordinación militar con participación estadounidense. El acuerdo prevé además que Washington movilice apoyo internacional para la reconstrucción de Líbano, condicionado a que los fondos no se desvíen hacia actores armados no estatales.

Desde la óptica del gobierno libanés, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam describieron el pacto como un primer paso para restaurar la soberanía plena y el control estatal sobre todo el territorio. Francia saludó el acuerdo y se declaró dispuesta a contribuir a su aplicación, mientras que Emiratos Árabes Unidos lo recibió como un avance hacia la estabilidad regional. En contraste, Hezbolá, a través de su secretario general Naim Qassem, calificó el acuerdo de “nulo y sin valor”, una “humillación y vergüenza” y una “rendición de la soberanía”. Qassem sostuvo que condicionar la retirada israelí al desarme de la resistencia “cruza todas las líneas rojas” y legitima la ocupación. En su lugar, exigió que se aplique el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos, el cual, según su interpretación, garantizaba un alto el fuego inmediato y una retirada israelí completa en sesenta días. Otros actores libaneses, como la Corriente Nacional Libre y el partido Corriente Árabe, criticaron que el texto no mencione explícitamente la retirada de los territorios ocupados ni fije un calendario, y advirtieron que la cláusula que obliga a Líbano a cesar acciones hostiles en foros internacionales supone una pérdida de palancas jurídicas frente a Israel.

Desde la perspectiva israelí, el ministro de Defensa, Yisrael Katz, calificó el acuerdo como un “acontecimiento histórico” y un “golpe estratégico al eje iraní”, y subrayó que Israel no se retirará del sur del Líbano —incluida la zona de seguridad y el área de Al Shaqif— hasta que Hezbolá esté completamente desarmado. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que tanto Estados Unidos como Líbano han aceptado la presencia israelí en dicha zona de seguridad y que el acuerdo refuerza a ambos países al tiempo que debilita a Irán y a Hezbolá. Netanyahu añadió que aproximadamente el 90 % del arsenal de misiles de Hezbolá ha sido destruido y que Israel conserva plena libertad de acción militar para neutralizar amenazas. En el plano regional, analistas en Oriente Medio interpretan el pacto como un intento de Washington de separar la vía libanesa de la negociación con Irán, aunque la insistencia de Hezbolá en el memorando Irán-EE UU evidencia la persistente vinculación de los dos expedientes.

El ejército libanés, por su parte, advirtió que no tolerará alteraciones de la seguridad ni atentados contra la paz civil, en un contexto de protestas convocadas por simpatizantes de Hezbolá en Beirut y otras regiones. La implementación del acuerdo arrancará con dos zonas piloto acordadas —las localidades de Zawtar al Gharbiya y Frun, en el sur del Líbano— donde el ejército libanés asumirá gradualmente el control de la seguridad, mientras se verifica el desarme. La determinación de nuevas zonas piloto requerirá el acuerdo mutuo de las partes. El éxito del proceso queda así condicionado a la capacidad del Estado libanés de imponer su autoridad frente a un Hezbolá que mantiene su rechazo y su llamado a la resistencia armada, en un escenario que las capitales europeas y del Golfo observan como una prueba de fuego para la estabilidad del país.