La firma de un acuerdo marco entre Israel, Líbano y Estados Unidos el viernes en Washington abrió un proceso de negociación directa que vincula la salida de las tropas israelíes del sur del Líbano al desarme verificado de Hezbollah. El texto contempla un retiro escalonado mediante dos zonas piloto que serían transferidas al Ejército libanés y estipula que cualquier reivindicación militar por parte de actores no estatales es contraria a los intereses nacionales libaneses. Casi de inmediato, fuentes militares libanesas reportaron un bombardeo aéreo israelí en los alrededores de las localidades de Deir Siryan y Taybeh, mientras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenaba a sus tropas “prepararse para una estancia prolongada” en la franja de seguridad que el Estado hebreo mantiene aproximadamente diez kilómetros dentro de territorio libanés.

Desde Beirut, el rechazo de Hezbollah fue categórico. Su secretario general, Naim Qassem, calificó el acuerdo de “nulo, humillante y una renuncia a la soberanía”, añadiendo que condicionar el repliegue israelí al desarme de la milicia “cruza todas las líneas rojas”. El diputado Hassan Fadlallah advirtió que el pacto no se aplicará “a menos que las autoridades empujen al país hacia una guerra civil”. En cambio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó el entendimiento como un “logro histórico” y un “golpe a Irán y a Hezbollah”, insistiendo en que las fuerzas israelíes permanecerán en la zona de seguridad hasta que el grupo chií quede completamente desarmado. El presidente libanés, Joseph Aoun, tras una conversación telefónica con el exmandatario estadounidense Donald Trump, aseguró que el Estado “asumirá sus responsabilidades” en la implementación, posición que desde París fue respaldada con el ofrecimiento de Francia de contribuir al despliegue del ejército libanés y a la restauración de la soberanía.

Analistas en Europa señalan que la eficacia del pacto depende de un factor que Beirut ha sido incapaz de controlar durante décadas: la capacidad de Hezbollah, apoyado por Teherán, para mantener estructuras militares independientes. El propio acuerdo menciona explícitamente la ilegalidad de reivindicaciones militares por parte de actores no estatales, pero omite cualquier referencia al mecanismo de desconflicción acordado entre Irán y Estados Unidos y mediado por Catar y Pakistán, el cual, según fuentes diplomáticas en la región, otorgaba a Irán un papel de supervisión en la reconstrucción de la seguridad libanesa. Esta dualidad hace que, desde la óptica de Bruselas, el texto parezca más una hoja de ruta concebida para satisfacer las exigencias de seguridad israelíes a largo plazo que un instrumento capaz de desactivar las tensiones internas en el país de los cedros.

Diplomáticos latinoamericanos que siguen de cerca el dossier recuerdan que ensayos previos —como la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU tras la guerra de 2006— fracasaron en desarmar a la milicia y fueron utilizados por Hezbollah para reconstruir su arsenal. Sin embargo, anotan que la novedad del marco actual reside en institucionalizar por primera vez un condicionamiento directo entre el repliegue israelí y el desarme, con un mecanismo de verificación. La negociación, que tuvo cinco rondas, dejó sin concretar el cronograma completo de retirada ni el detalle de las futuras zonas piloto. Datos proporcionados por agencias de noticias en Oriente Medio avalan que, pese a las protestas callejeras en Beirut, donantes internacionales —encabezados por Emiratos Árabes Unidos y Jordania— manifestaron apoyo al acuerdo, cuyo próximo paso formal será la primera transferencia de territorio en las zonas piloto, aunque los tiempos y la viabilidad política de esa fase siguen siendo inciertos.