El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, emitió un decreto que convoca a elecciones legislativas para el próximo 28 de noviembre, las primeras en casi dos décadas. La decisión se produce apenas tres días después de que Hamás anunciara la disolución de su comité de gobierno en la Franja de Gaza y la transferencia de las responsabilidades administrativas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un órgano tecnocrático impulsado por el Consejo de Paz liderado por Estados Unidos. La coincidencia de ambos movimientos redefine el mapa político palestino en un momento de frágil tregua y creciente presión internacional para implementar reformas institucionales.

Desde Ramala, la convocatoria electoral se presenta como una respuesta a los llamamientos de países donantes que condicionan la asistencia financiera a mejoras en la gobernanza y la rendición de cuentas. Abbas, de 90 años y con un mandato presidencial vencido desde 2009, ha gobernado mediante decretos. Según fuentes cercanas a la Autoridad Palestina, la celebración de los comicios busca restaurar la legitimidad de las instituciones y avanzar en la reconciliación interna, aunque persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la votación en Jerusalén Este, el mismo obstáculo que frustró el proceso electoral de 2021.

En Gaza, la disolución del comité de emergencia de Hamás es interpretada desde El Cairo y otras capitales árabes como un repliegue táctico. Analistas en la región señalan que el movimiento islamista, debilitado por dieciocho meses de ofensiva militar israelí, pretende aliviar la presión administrativa y preservar su estructura política y militar sin cargar con la gestión cotidiana de una población asolada. El NCAG, encabezado por el ex viceministro de la Autoridad Palestina Ali Shaath, asume ahora el control civil, aunque el Consejo de Paz estadounidense ha subrayado que el principio rector debe ser “una sola autoridad, una sola ley y una sola arma”, lo que implica el desarme de las facciones, un punto que Hamás no ha aceptado.

La dimensión humanitaria y jurídica añade otra capa de tensión. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU exigió esta semana la liberación inmediata del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, detenido sin cargos por Israel desde diciembre de 2024. El organismo denunció haber recibido informes creíbles de torturas y reiteró que los ataques sistemáticos contra el personal sanitario constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Israel rechaza esas acusaciones y, según medios israelíes, califica la disolución del gobierno de Hamás como una “maniobra política” que no modifica la realidad sobre el terreno.

El proceso electoral queda ahora sujeto a la evolución del alto el fuego y a las negociaciones en curso en El Cairo para la segunda fase del acuerdo, que prevé la retirada israelí y el desarme de las milicias. La votación está prevista para el 28 de noviembre, pero su materialización dependerá de que se garanticen condiciones de seguridad y de que Israel permita la participación de los residentes de Jerusalén Este, un requisito que la Autoridad Palestina considera irrenunciable.