La adopción del vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia se encuentra paralizada por la oposición de Grecia, que rechaza la inclusión de un veto a la reexportación de gas natural licuado (GNL) ruso hacia destinos fuera del bloque. Según fuentes diplomáticas europeas, Atenas ha condicionado su voto a la protección de la naviera Dynagas, propiedad del multimillonario Georgios Prokopiou, cuya flota de metaneros de clase ártica transporta el grueso de la producción de la planta Yamal LNG. La falta de unanimidad ha obligado a prorrogar de emergencia el actual tope de 44,1 dólares por barril para el crudo ruso, que de otro modo habría saltado de forma automática por el alza de las cotizaciones internacionales.

Desde la óptica de Atenas, la medida diseñada por Bruselas resulta existencial para un actor económico concreto. El representante permanente griego ante la UE advirtió a sus homólogos que la prohibición de transbordar GNL ruso “destruiría” Dynagas, una compañía que opera 27 gaseros, de los cuales una tercera parte son buques de clase Arc7 construidos específicamente para navegar en aguas heladas y que, según los argumentos expuestos por la delegación helena, carecen de uso alternativo viable en otros mercados. La naviera habría movido más de diez millones de toneladas de GNL ruso en lo que va de 2025, y el Gobierno griego sostiene que la única salida sería malvender los buques a compradores no alineados con las sanciones occidentales, con un coste estimado de trescientos millones de dólares por unidad.

En Bruselas, la resistencia griega genera un malestar que los diplomáticos comunitarios describen como un desequilibrio en el reparto de los costes de la política de sanciones. Mientras otros Estados miembros —entre ellos varios con intereses energéticos o pesqueros— han aceptado sacrificios para mantener la presión económica sobre Moscú, la defensa cerrada de un solo conglomerado familiar por parte de Atenas ha retrasado al menos una semana la aprobación de un paquete que también incluye restricciones a bancos, operadores de criptoactivos y entidades del complejo militar-industrial ruso. La parálisis afecta asimismo a la cláusula que permitiría reducir progresivamente el precio máximo del petróleo ruso, un mecanismo que desde la perspectiva de las capitales europeas resulta clave para limitar los ingresos del Kremlin sin desestabilizar los mercados globales.

El bloqueo griego no es la única fisura en el consenso. Delegaciones de Bulgaria, Alemania, Francia e Italia han planteado objeciones a otros elementos del texto, como la inclusión del patriarca ortodoxo ruso Kiril en la lista negra, la prohibición de importar abadejo de Alaska procedente de Rusia o el alcance de la restricción de visados para militares rusos, que finalmente se limitaría a quienes hayan participado directamente en combates. A ello se suma la discusión sobre medidas relacionadas con el banco austriaco Raiffeisen, cuya exposición al mercado ruso sigue generando recelos. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que el paquete está “bastante cerca de cerrarse”, pero admitió que persisten diferencias sustanciales. Los embajadores de los Veintisiete se han fijado el 23 de julio como nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo, aunque en círculos comunitarios se anticipa que la negociación podría alargarse si Atenas no obtiene contrapartidas que salvaguarden los intereses de su flota gasera.