Ford y el grupo chino Geely anunciaron el 23 de julio la creación de una empresa conjunta que tomará el control de la planta valenciana de Almussafes. Ford retendrá el 66% del capital y Geely asumirá el 34% restante, en una operación que transforma la fábrica en un polo multienergía con capacidad para producir hasta 500.000 vehículos al año. El acuerdo disipa de inmediato la incertidumbre que pesaba sobre los 4.200 empleados de la factoría, que arrastraba un excedente de casi un millar de trabajadores y operaba a menos de una cuarta parte de su potencial.

La nueva sociedad comenzará a operar en el primer semestre de 2027 y la producción de los nuevos modelos arrancará en 2028. La cartera incluye tres vehículos de Ford —el Kuga actual, el Bronco multienergía y un crossover inédito— y dos SUV completamente eléctricos de Geely. Las compañías utilizarán la línea de montaje más moderna de la planta, actualmente inactiva, y se comprometen a no trasladar mano de obra china, sino a aprovechar la experiencia de la plantilla local y reforzar la cadena de suministro valenciana. El objetivo, según los directivos, es alcanzar economías de escala que reduzcan los costes unitarios y permitan competir en un mercado europeo cada vez más presionado por los aranceles y las exigencias de contenido local.

Desde Bruselas, la operación se interpreta como una respuesta a la Ley de Aceleración Industrial que prepara la UE y a los aranceles a los eléctricos chinos. Producir en suelo europeo permite a Geely sortear esas barreras y optar a incentivos nacionales, mientras Ford comparte los costes fijos de una planta que había quedado sobredimensionada. El Gobierno español, que carece de un fabricante nacional, ha convertido esta debilidad en una ventaja competitiva: España es ya el principal destino europeo de las inversiones automovilísticas chinas, con proyectos de Chery en Barcelona, BAIC en Andalucía y la gigafactoría de Stellantis y CATL en Zaragoza. La presencia de Pedro Sánchez y varios ministros en el anuncio subraya el respaldo político a una alianza que blinda miles de empleos en la Comunidad Valenciana.

El siguiente hito será la obtención de las autorizaciones regulatorias y la negociación del convenio colectivo, que debe adaptarse a la nueva estructura societaria. Si se cumplen los plazos, la joint venture comenzará a operar en 2027 y los primeros vehículos saldrán de las líneas en 2028, devolviendo a Almussafes a volúmenes de producción que no se registraban desde 2016.