Una serie de fallos judiciales en Italia, Rusia y Brasil ha puesto de relieve la persistencia de la violencia intrafamiliar en sus formas más extremas, así como las complejidades que surgen cuando las acusaciones no se sostienen. Los casos, que abarcan desde maltrato conyugal y tortura infantil hasta denuncias calumniosas, reflejan patrones de abuso que los sistemas legales de cada país abordan con herramientas y resultados dispares.

En Italia, dos sentencias recientes ilustran caras opuestas del fenómeno. En Brescello, un hombre de 50 años fue condenado a tres años de prisión por maltratar a su esposa, incluso delante de su hija menor, con amenazas de muerte y un control obsesivo que incluyó mensajes perturbadores a otra hija. La fiscalía había pedido cuatro años y medio, pero el tribunal aplicó atenuantes genéricas; la defensa anunció que apelará alegando que solo hubo dos episodios aislados. En contraste, en Pistoia, una mujer que denunció a su exmarido por violencia sexual y maltrato al hijo de ambos fue condenada a tres años y ocho meses por calumnia, luego de que las investigaciones —incluidas escuchas ambientales— revelaran que ella misma provocó las lesiones al menor para obtener una indemnización. La justicia italiana, según analistas, enfrenta el desafío de equilibrar la protección a las víctimas reales con la presunción de inocencia, en un contexto de creciente sensibilidad hacia la violencia de género.

Desde la región de Vólogda, en Rusia, se informó de la condena a tres años de prisión para un hombre que durante meses torturó a los hijos pequeños de su pareja: los golpeaba, los encerraba, los privaba de comida y los obligaba a agredirse entre sí. El caso salió a la luz gracias al padre biológico y a la escuela, y los niños fueron retirados del hogar. El agresor reconoció parcialmente los hechos, en un proceso que, según observadores locales, evidencia la vulnerabilidad de los menores en entornos familiares reconstituidos y la importancia de la denuncia externa.

En Brasil, dos episodios conmocionaron a la opinión pública. En Francisco Beltrão, Paraná, un hombre fue filmado por cámaras de seguridad mientras pateaba el rostro de su hija de tres años; la Fiscalía lo denunció por tortura y lesiones corporales, y se conoció que además obligaba a los niños a arrodillarse sobre tapitas y granos. El acusado admitió la agresión y permanece en prisión preventiva. En Brasilia, la policía capturó a un propietario de transporte escolar que llevaba tres años prófugo tras ser condenado a catorce años por estupro de vulnerables: abusó reiteradamente de menores que estaban bajo su autoridad. La legislación brasileña, señalan juristas, ha endurecido las penas para crímenes contra niños, pero la efectividad depende de la rapidez en la detención y la solidez de las pruebas.

Todos los casos se encuentran en distintas fases procesales: mientras en Italia se esperan apelaciones, en Rusia y Brasil las condenas ya son firmes o están en ejecución. Las autoridades de los tres países coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección temprana y la coordinación entre escuelas, servicios sociales y fuerzas de seguridad, aunque persisten diferencias en la aplicación de medidas cautelares y en la valoración de la prueba testimonial frente a la pericial.