La inminencia de protestas nacionales contra la inmigración irregular, convocadas para el 30 de junio por agrupaciones como March and March Movement, ha desencadenado una operación de evacuación multinacional sin precedentes recientes en África austral. Según registros consulares y gubernamentales, Uganda anunció el traslado de emergencia de 746 ciudadanos tras la muerte de un ugandés en KwaZulu-Natal; Malaui procesó a más de 15.000 personas en campamentos improvisados de Durban; Zimbabue, Nigeria, Ghana y Mozambique también han fletado autobuses y vuelos de repatriación. Al menos dos personas han fallecido en las últimas semanas en episodios de violencia xenófoba, y miles de migrantes han abandonado sus viviendas para refugiarse en iglesias, escuelas y consulados.

Desde la óptica del gobierno sudafricano, el presidente Cyril Ramaphosa emitió un mensaje en el que califica de legítimas las inquietudes ciudadanas sobre inmigración indocumentada, presión sobre los servicios públicos y redes criminales que explotan el sistema migratorio. No obstante, fuentes oficiales subrayan que el ejercicio del derecho a la protesta —consagrado en la Constitución— no ampara amenazas, intimidación ni actos de vandalismo. Ramaphosa advirtió que la autoridad para exigir documentos y aplicar las leyes migratorias corresponde exclusivamente a agentes estatales, y describió cualquier acción de justicia por mano propia como vigilantismo incompatible con una democracia constitucional. El mandatario confirmó además que su administración impulsa reformas para reforzar el control fronterizo, depurar los sistemas de asilo y visados, y combatir la corrupción que ha debilitado los controles.

Analistas en África austral observan que la dinámica actual reactiva patrones históricos de expulsiones abruptas en el continente. Señalan que en 1969 Ghana dio un plazo de dos semanas a los extranjeros indocumentados, lo que provocó fuga de capitales, ruptura de cadenas de suministro y desabastecimiento de productos básicos, y que en 1972 la expulsión de asiáticos en Uganda generó cierre de empresas, pérdida de conocimientos técnicos y escasez de alimentos, cuyas secuelas económicas persistieron durante años. Desde la perspectiva de los países emisores de migrantes, la prioridad inmediata es la protección consular y la repatriación, pero diplomáticos advierten que las restricciones propuestas por Sudáfrica —como cuotas máximas de empleo para extranjeros en ciertos sectores y la reserva de actividades comerciales para ciudadanos— podrían tensar las relaciones bilaterales y afectar a las propias comunidades sudafricanas en el exterior.

En el terreno, las fuerzas de seguridad sudafricanas han sido desplegadas con refuerzos en provincias como KwaZulu-Natal, considerada uno de los focos de tensión. La comisionada policial en funciones, Phumelele Makoba, hizo un llamado a respetar a los agentes durante las marchas, mientras que Ramaphosa aseguró que “las fuerzas de seguridad están listas”. Los organizadores de las protestas han declarado que no promueven la violencia, pero no asumirán responsabilidad por incidentes que ocurran durante la jornada. El dossier queda abierto a la espera de la evolución de las manifestaciones del 30 de junio y de la capacidad del Estado para contener posibles estallidos de violencia, en un contexto donde la tasa de extranjeros representa apenas el 3,9% de la población, según el último censo nacional.