Una ola de calor sin precedentes azota Europa occidental, con temperaturas que superan los 40 °C y al menos 94 millones de personas expuestas a más de 35 °C. El fenómeno ha obligado a cerrar escuelas, cancelar trenes y emitir alertas sanitarias en varios países. En paralelo, los datos de siniestralidad laboral reflejan un agravamiento del riesgo: la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reporta un aumento del 42 % en las muertes en el trabajo vinculadas al calor desde el año 2000 en la UE, y estima que el peligro de accidente se eleva un 7 % por encima de 30 °C y un 15 % a partir de 38 °C.

En ese contexto, los ministros de Medio Ambiente de la UE reunidos en Luxemburgo exhibieron posiciones divergentes. Desde Praga, Roma y Bratislava se presionó para aliviar las normas que exigen cero emisiones a los automóviles y furgonetas nuevos a partir de 2035, argumentando que el sector representa el 8 % del PIB comunitario y 13,5 millones de empleos. Países del este europeo reclamaron además más asignaciones gratuitas de derechos de emisión para la industria pesada de cara a la revisión del régimen de comercio de emisiones (ETS) prevista para julio, y algunos llegaron a pedir la eliminación del sistema, advirtiendo de una pérdida de apoyo ciudadano si los costes se disparan. Frente a ellos, Suecia y otros Estados miembros defendieron que frenar la electrificación sería “un flaco favor” a la competitividad europea, mientras el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, instó a que el calor extremo impulse una mayor ambición y no retrocesos.

Al mismo tiempo, la CES —que agrupa a 45 millones de trabajadores de 94 sindicatos en 42 países— exigió a la Comisión Europea que consagre en la legislación un derecho a pausas refrescantes remuneradas durante los episodios de calor extremo, tomando como modelo las interrupciones de hidratación de tres minutos aplicadas en el Mundial de fútbol de 2026. La central sindical subrayó que, aunque la UE fija estándares mínimos de seguridad laboral, hasta ahora solo ha emitido recomendaciones no vinculantes para que las empresas adapten las condiciones de trabajo, sin establecer requisitos específicos frente al calor. La demanda sindical busca transformar esas guías en obligaciones legales que impidan descuentos salariales por las pausas.

La confluencia de la emergencia climática, las tensiones industriales y la presión sindical sitúa a Bruselas ante un momento de decisión. El desenlace del consejo de ministros de Medio Ambiente y la inminente actualización del ETS definirán si la respuesta europea se inclina por flexibilizar las metas climáticas o por reforzar la protección de los trabajadores y la ambición medioambiental. La duración e intensidad de la ola de calor, mientras tanto, seguirá midiendo la capacidad de las instituciones para actuar en sintonía con la evidencia térmica.