El plazo para acogerse al programa extraordinario de regularización de inmigrantes en España concluyó el 30 de junio con más de un millón de solicitudes presentadas, según confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cifra duplica con creces la previsión inicial de medio millón de expedientes y convierte la medida en la mayor operación de este tipo en la historia reciente del país. El Ejecutivo socialista vinculó el cierre del proceso a la presentación de un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 500 millones de euros para el primer año, que incluye formación lingüística, inserción laboral y lucha contra la discriminación.

Desde el Gobierno español se defendió la regularización como una decisión de justicia social y de inteligencia económica. Sánchez argumentó que, sin inmigración, España perdería un 19 % de su PIB en 2050 y citó datos del Banco de España que atribuyen a la población extranjera casi la mitad del crecimiento económico entre 2022 y 2025. La iniciativa contó con el respaldo de los principales sindicatos, la patronal CEOE, la Iglesia católica y centenares de organizaciones sociales, que impulsaron una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas. En contraste, la oposición conservadora del Partido Popular y la formación de extrema derecha Vox denunciaron un «efecto llamada» y varias comunidades autónomas gobernadas por esa coalición recurrieron la medida ante el Tribunal Supremo, alegando que vulnera la normativa comunitaria.

En el ámbito europeo, la regularización masiva generó recelos en socios como Italia, Dinamarca, Hungría y Bélgica, que en el último Consejo Europeo cuestionaron su impacto sobre el resto de la Unión, según fuentes comunitarias. El Tribunal Supremo español abrió un trámite de audiencia para decidir si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría suspender cautelarmente el proceso. El Ministerio de Migraciones sostiene que el permiso concedido es válido exclusivamente en territorio español y que la norma se redactó respetando el derecho comunitario, incluido el Pacto de Migración y Asilo que entró en vigor el 12 de junio.

La avalancha de solicitudes desbordó la capacidad administrativa: según denuncias sindicales, medio millón de expedientes aún no habían sido volcados al sistema informático al cierre del plazo, y la Unidad de Tramitación de Vigo, con solo 50 funcionarios, deberá resolver cerca de 1,2 millones de casos en tres meses. El Gobierno recurrió a personal voluntario externo para la grabación de datos, a razón de 10 euros por expediente. La mayoría de los solicitantes procede de América Latina —en especial de Colombia, Venezuela y Marruecos—, y muchos ingresaron originalmente con visado de turista. Analistas en América Latina observan que la medida consolida a España como el principal destino europeo para la migración regional, en un momento en que otros países endurecen sus políticas.

El Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse sobre la posible cuestión prejudicial en los próximos días, mientras el Gobierno defiende la constitucionalidad y la compatibilidad europea del decreto. La resolución de los expedientes se prolongará durante meses y el debate político se intensifica a un año del fin de la legislatura, con Sánchez erigiendo la política migratoria en eje de su proyecto frente a una oposición que lo acusa de irresponsabilidad.